La decisión se oficializó mediante la resolución 2/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, argumentando que la iniciativa “carecía de operatividad” y no contaba con “datos estadísticos ni indicadores sanitarios” que acreditaran sus beneficios.
La resolución ministerial señaló que el programa, destinado a mejorar el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios, no logró cumplir sus objetivos debido a la falta de articulación con las jurisdicciones provinciales.
Según el texto, “no se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud”.
Organismos de derechos humanosexpresaron su preocupación por el desmantelamiento de programas orientados a la población carcelaria, considerando que son sectores particularmente vulnerables en términos de acceso a la salud.
