José "Pepe" Muratore, administrador del Mercado San Miguel, coordina los esfuerzos para reabrir el abasto tras el incendio. Los puesteros trabajan en la limpieza, mientras se organiza la reapertura parcial con condiciones de seguridad.
SALTA11 de noviembre de 2024
Gabriel Umbert
A una semana del incendio que afectó gravemente al Mercado San Miguel, el administrador del mercado, José “Pepe” Muratore, junto a los puesteros afectados, lidera las tareas de limpieza de escombros para avanzar con la reapertura. Si bien se esperaba reabrir hoy, Muratore descartó esta posibilidad, indicando que todavía quedan trabajos por hacer para asegurar que las condiciones sean adecuadas. "Queremos abrir con todas las condiciones de seguridad y al menos con el 80% del mercado limpio", explicó, subrayando la importancia de un entorno seguro para los puesteros y clientes.
Muratore destacó el esfuerzo colectivo de los puesteros, tanto de aquellos que perdieron todo como de los que no, en esta etapa de reconstrucción. “Aquí no hay jornales; todos los que están trabajando son puesteros. El mercado San Miguel es una familia”, comentó, reafirmando su compromiso de no depender del Estado. Asimismo, mencionó la ayuda recibida de empresas y de camiones municipales y de vialidad, colaboración que ha fortalecido el ánimo de todos los involucrados.
Respecto al futuro inmediato, Muratore detalló que la primera etapa de reapertura será al aire libre y bajo la supervisión de bomberos, para asegurar un espacio seguro a los casi 150 puesteros que quedaron en la calle. Muratore enfatizó: "Vamos a reunirnos con el gobierno y la municipalidad para evaluar las pérdidas y el apoyo necesario, ya que ningún puestero quiere ser reubicado; todos desean permanecer en su lugar de trabajo".
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Adrián Antonio Vera, uno de los principales condenados por el robo de caños en Aguaray en 2020, ahora quedó acusado de organizar el ingreso y la venta de drogas en el Complejo Penitenciario NOA III, donde cumplía la pena impuesta por robo agravado. También imputan a su pareja y un efectivo del Servicio Penitenciario Federal que, según la pesquisa, recibió pagos por más de siete millones de pesos por el “negocio”.