¿Y la condena para los peces gordos? Es la primera pregunta que surge cuando se conoce que para una funcionaria de segunda o tercera línea, el Poder Judicial de Salta, funciona rápido, casi a la perfección, mientras para otros casos de supuesta corrupcción millonaria (verbigracia, el del ex intendente de Campo Quijano) aún no existen condenas.
Lo cierto es que el viernes último, Mónica Fernanda Valdiviezo fue sentenciada a dos años de prisión de ejecución en suspenso e “inhabilitación absoluta perpetua” para ejercer cargos públicos. Luego de que la Unidad de Delitos Económicos Complejos reveló que cuando estuvo a cargo de la Dirección de Cultura de la ciudad de General Güemes, sustrajo caudales estatales pertenecientes al Centro Cultural 13 de Febrero sin rendir cuentas de los ingresos obtenidos por actividades en el cine y las ventas en el bar, durante su gestión como funcionaria pública.
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el Municipio sufrió perjuicio patrimonial debido a que de la rendición de fondos del año 2019, la suma de $ 807.208,23 se encuentra sin respaldo documental alguno.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y, en su alegato, había solicitado tres años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.
Valdiviezo se desempeñaba como directora del Centro Cultural 13 de Febrero de la Municipalidad de General Güemes. Al concluir su gestión en diciembre de 2019, el nuevo intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, dio inicio a la investigación por irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de archivos.
El juez Guillermo Pereyra de la Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Mónica Fernanda Valdiviezo a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.
