Comenzó el juicio contra cinco imputados por el secuestro del empresario Giménez

Este martes se reanudó la audiencia de debate contra los hermanos Castedo. Entre los testigos citados, declaró un hermano de Liliana Ledesma, Rodolfo Alberto Ledesma, y se reprodujo una entrevista que brindó la pequeña productora en una emisora radial, donde pedía el despeje de los caminos vecinales afectados por la proximidad con un campo explotado por los Castedo. Se dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 17.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta condenó este jueves al exdueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levín, a la pena de 18 años de prisón, por considerarlo responsable del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura militar, mientras que otros dos acusados fueron condenados a 16 años de cárcel. También recibieron condena el ex jefe de la Seccional Cuarta, Víctor Almirón, y un empleado de La Veloz. Los tres seguirán con prisión domiciliaria.

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó la elevación a juicio de la causa que se sigue contra un hombre de 41 años, acusado del delito de abuso sexual simple, agravado por el vínculo, en perjuicio de su hija menor de edad. La causa fue radicada en la Sala V del Tribunal de Juicio, donde continuará con el trámite procesal correspondiente.

Este sábado, tras el control de legalidad, el hombre que fue detenido en un importante operativo tras permanecer prófugo, fue imputado. La fiscal Torres solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se garanticen todas las medidas de seguridad y protección necesarias en el lugar de detención.

El año pasado, Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán condenado por abuso sexual, denunció por vejaciones al personal penitenciario que lo escoltó hasta la clínica, donde fue sujetado a la cama con grilletes y esposas, mientras padecía de una “afección multiorgánica”. La fiscalía de Derechos Humanos imputó hoy a los agentes penitenciarios.

Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal penal de la UDEC imputó a una referente del Movimiento Evita en General Güemes, ya que 67 personas denunciaron que cinco años atrás entregaron documentación y dinero para ser acreedoras de un terreno. Además, expusieron que fueron obligados a realizar tareas en beneficio de la referente.