Así lo informó en la mañana de hoy el Hospital San Bernardo ante la repercusión que tuvo el caso del miércoles por la tarde. Tanto el joven como su compañera fueron intervenidos quirúrgicamente y permanecen en terapia intensiva. Según los testimonios, fueron los gritos de la mujer los que alertaron al personal del lugar, y cuando llegó la policía el joven se cortó el cuello.

Las familias del barrio Floresta Alta, le entregaron dinero adelantado para que realice las conexiones en sus hogares, pero al poco tiempo se dieron cuenta que no cumplía con su trabajo, y para peor se declaró sin dinero para comprar los productos necesario y tampoco para devolverles el dinero. Eso fue en el año 2018. Cinco años después reconoció su estafa, en un juicio abreviado y llegó a un acuerdo con sus víctimas.

El 7 de septiembre, vecinos de barrio 28 de Marzo de Salvador Mazza, encontraron a un hombre sin vida en el interior de un automóvil. En allanamientos simultáneos en Tartagal y Salvador Mazza se detuvo a los sospechosos del homicidio, tres hombres de 62, 42 y 46 años. La autopsia determinó que la causa de la muerte de José Luis Bejarano, de 32 años, residente en Tartagal, fue un traumatismo craneal grave con fractura de la calota craneana causado por un objeto contuso y cortante con peso.

El productor de modelos condenado por abuso sexual, Pablo Rangeón, recientemente brindó una entrevista telefónica desde la Alcaidía sin tener autorización legal de los superiores y por eso pasaron a disposición a un jefe y a un celador. El hilo se cortó por lo más fino ya que ni el Jefe del Penal ni el Director de la Alcaidía asumieron responsabilidades por lo sucedido.

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares. La investigación inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en Pellegrini 782.

La jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación Victoria Ambrosini resolvió que la conversión a moneda de curso legal de los créditos verificados en un concurso preventivo se haga empleando el valor del dólar MEP. La magistrada argumentó su resolución por "el cepo cambiario, la devaluación que registra nuestra economía y las preocupantes perspectivas económicas" del país.