Fonseca reclamó “que la Municipalidad tome cartas en el asunto para evitar que este tipo de comunidades religiosas puedan seguir actuando en nuestra ciudad, cuando se ha determinado que es una fachada para la trata”.
La concejal recordó la ordenanza N °14.370 del año 2012, de la cual ella fue autora, que avanzó en prohibir las habilitaciones para cabarets y prostíbulos en la ciudad, locales en donde prolifera la explotación sexual de personas.
“Salta es una provincia que tiene una gran vulnerabilidad frente al delito de trata de personas justamente porque somos una provincia que está ubicada en una región del país con triple acceso a fronteras y, por lo tanto, permite movilizar a las mujeres captadas por estas redes”, explicó Fonseca.
