Pasaron varios años desde aquel 2004 en que Joaquín V. González habilitó su oficina de pensiones. Por entonces, Gerardo Orellana era intendente y veía que mucha gente necesitaba el beneficio y no tenía cómo llegar hasta la Capital para iniciar el trámite. El gobierno nacional de aquellos años promovía la ampliación de derechos sociales, y el municipio se puso a disposición. Se armó un equipo técnico, se habilitaron formularios oficiales, los médicos del hospital Oscar Costas evaluaban a los pacientes, una asistente social hacía el informe socioambiental, y todo se elevaba a Salta y de ahí a la Oficina Nacional de Pensiones en Buenos Aires. "Hicimos lo que hicieron cientos de intendentes en todo el país", sostiene Orellana.
Sin embargo, hoy la justicia federal investiga si en ese mecanismo se colaron certificados "truchos". La suspensión masiva de pensiones por discapacidad que ordenó el gobierno nacional, en el marco de un ajuste que muchos califican como arbitrario, destapó una caja de Pandora. Y en Anta, aparecieron nombres: funcionarios públicos, médicos y hasta un vendedor de diarios cuyo quiosco funcionaba cerca del hospital. Orellana, que durante años fue esquivo a la prensa, esta vez decidió enfrentar el vendaval.
Dijo que nunca antes en su vida había tenido una causa judicial que lo obligara a defenderse, y que este episodio lo tomó por sorpresa.
“De todos modos, ya se inició la causa y, bueno, para mí es una oportunidad. Si bien al principio me molestó, me enojé, me angustié, hoy veo como una oportunidad para demostrarle a la comunidad salteña, en general, y fundamentalmente, a la anteña, a la cual represento como diputado, que mi accionar siempre estuvo dentro de lo legal y jamás cometí un acto de deshonesto”.
-Según el fiscal que investiga el caso, usted figuraba en un mecanismo para otorgar pensiones truchas…
-Eso no es verdad. Lo que hice yo como intendente en ese momento, en el año 2004, habilité la oficina de pensiones porque habíamos observado que había una gran necesidad de nuestra gente, de obtener este beneficio y, aparte, hay que aclarar que en ese momento había un gobierno nacional y popular, que propiciaba que se realice el otorgamiento de beneficios sociales a las personas más necesitadas. Entonces nosotros habilitamos esa oficina y nos pusimos a disposición de la gente con un equipo técnico que se ocupaba exclusivamente de trabajar en esta cuestión. Se le entregaba un formulario de certificado médico y tenía que ir al hospital, buscar un médico, le hacían los estudios y cuando realmente merecía, los médicos determinaban el grado de discapacidad y venía con la firma del médico, del gerente del hospital, para continuar con el trámite. La oficina de pensiones contaba con un asistente social que realizaba una visita al domicilio del futuro beneficiario y de acuerdo a eso, se hacía un informe socioambiental donde se determinaba que le correspondía este beneficio. Entonces, nosotros seguidamente elevábamos esas actuaciones a Salta Capital y de Salta Capital llegaba a la Capital Federal donde estaba la Oficina Nacional de Pensiones. Ahí tenía un equipo técnico mucho más importante determinaba si es que realmente si le correspondía o no.
-¿Cómo se siente con esta causa, está preocupado, teme ser sentenciado?
-Yo lo voy a decir así en confianza porque yo soy del interior profundo y me gusta hablar como tienen que ser las cosas: yo, en este momento, me siento que me han tomado como por sonso en esta causa y me han involucrado en algo que no corresponde, siempre en mi vida, me manejé correctamente y no cometí ninguna irregularidad, soy totalmente inocente, y si es que me están investigando a mí, deberían investigar a miles de intendentes que hicimos el mismo tipo de trámites pensando en favorecer a la gente”.
