El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal para la Investigación de la Averiguación Preliminar sobre noticia criminis, referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos a los condenados Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leyseca, por parte del Juzgado de Ejecución N° 1. La Ley 7.138 establece la posibilidad de remoción de magistrados por mal desempeño.
JUDICIALES 15 de julio de 2020
Para adoptar tal decisión, el Procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leyseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia y para asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, Cornejo adoptó las medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar. Y destacó que resulta menester disponer la creación de la Unidad Fiscal mediante la cual los fiscales penales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, asumirán el trámite de la causa.
Vale recordar que la normativa vigente, a través de la Ley 7.138, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por: Delito común, Mala conducta, Retardo de Justicia, Mal desempeño o Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
Cabe recordar que en agosto de 2016, el abogado Terrón Villagrán fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión por abuso sexual y distribución de pornografía por la Sala IV del Tribunal de Juicio. Logró varios beneficios durante estos años y ahora logró la libertad condicional por el Juzgado de Ejecución y Detenidos de 1ra Nominación, a cargo del juez Rodolfo Darío Quinteros.
Quinteros es el mismo juez que le dio beneficios también a Aldana Leyseca, la mujer sentenciada a 8 años de prisión en el año 2015, por la muerte de Sabrina Bertón, de 17 años, quien falleció por un disparo. Según pudo conocerse, Leyseca cuenta con el beneficio de "prueba", habilitada para salidas laborales en la División Judicial, además de realizar otros cursos como el de peluquería. A eso se sumó recientemente la ampliación de sus beneficios con la "semilibertad" y "salidas transitorias”, por permiso del Juzgado de Ejecución y Detenidos de 1ª Nominación.
Dos vehículos chocaron frontalmente en el camino de acceso al predio de la Virgen del Cerro. En uno viajaban dos mujeres, una de las cuelaes falleció cuando era atendida en el hospital. El conductor del otro vehículo, dio positivo de alcoholemia, quedó detenido por orden judicial.
La mujer policía que vino desde Buenos Aires y le explotó el vehículo a segundos de cargar el tanque de GNC, pareció desconocer toda la ciencia que significa la utilización de gas licuado en automotores y cómo se preparan los cilindros para su almacenamiento. El interrogante es si realmente se trataba de un cilindro habilitado para ello, o utilizó uno similar en donde además de ponerle paquetes de cocaína, pidió que lo llenaran de GNC, y que no resistió la presión de la carga y explotó dejando añicos al Ford Fiesta y toda la droga desparramada en la estación de servicio oranense.
El ingenio popular no descansa y Salta sigue siendo noticia en casos relacionados al narcotráfico. Esta mañana, el puesto de Gendarmería de Monte Quemado (Santiago del Estero) descubrió que en una ambulancia, debajo de una camilla sobre la que llevaban un "supuesto enfermo", iban camuflados 134 kilos de cocaína. El cargamento tenía destino Corrientes. Hay tres detenidos.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
Era nada más y nada menos que el director de general de Juventud y Niñez de la Municipalidad y fue detenido cuando debía reunirse con un chico de 12 años en el Parque San Martín. Pero a esa reunión fueron los padres, que lo increparon y llamaron a la policía, que tras la denuncia, lo pusieron a disposición de la justicia. El domingo - para indignación de los padres y mayores investigaciones- el acusado fue liberado por la justicia.
No sólo las inundaciones son noticias en La Silleta. También lo son por casos lamentables en fiestas de amigos. Una de ellas realizada el viernes terminó con varios amigos lamentando daños impensados por los concurrentes a esa fiesta que pintaron con aerosol todo lo que encontraron a su paso en la mencionada urbanización. Otra fiesta que terminó mal se desarrolló el sábado y se interrumpió cuando uno de los presentes, por razones que se tratan de establecer, recibió un disparo mortal en el pecho, con un arma reglamentaria. Hay tres detenidos: el agente propietario de la pistola Versa y otros dos amigos que participaban de esa insólita fiesta.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El legislador provincial le contestó al ex mandatario que esta semana le pegó a los Romero en una entrevista en El Expreso. Dijo que con JMU cayó la obra pública del 23% a 3% y de ser envidiada por Jujuy y Tucumán, cuando se fue “nos habían pasado por arriba”. “Nunca le interesó Salta, lo usó como un trampolín para irse a Buenos Aires”, criticó.