El área de Movilidad Ciudadana, exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, atraviesa cambios profundos internamente ya que ahora los inspectores no labraran multas, como históricamente lo hicieron, sino que la Policía Vial será la encargada mientras que el Tribunal de Falta seguirá recaudando por las infracciones. A esa contundente decisión de la Jefa Comunal, se agrega la detención de once personas, entre ellos civiles y empleados de tránsito por haber conformado una presunta asociación ilícita destinada a facilitar licencias a los salteños que no cumplieron con todos los requisitos previstos para manejar un vehículo.
La fiscal Verónica Simesen de Bielke de la Unidad de Delitos Económicos Complejos le dio curso a la ahora conocida “mafia de las licencias” mediante una denuncia radicada por el subsecretario Gilberto Pereyra sobre una pareja que cobraba dinero a pocas cuadras del edificio de Movilidad Ciudadana, para entregar las respuestas de los exámenes que debían rendir los interesados en obtener la licencia de conducir. A esa denuncia se le suma otra radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.
En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados. Incluso desde la Oficina Anticurrupción que anteriormente estaba dirigida por Pedro García Castiella, también se había investigado el tema.
Gilberto Pereyra, afirmó que llegó a su cargo en Movilidad Ciudadana para hacer las cosas bien por lo que le parece correcto que se haya detenido e imputado a empleados de su área. “Las instituciones deben sanearse, el empleado público debe estar al servicio del ciudadano y transparentar su accionar dentro de su labor diaria. La intendenta Betina Romero quiere transparentar pero hacerlo en compañía del empleado, en este caso ya había una investigación y solamente sume una denuncia este año. En casos futuros, si se detecta irregularidades en cualquier área, nuestro deber como funcionario es trabajar para que eso se corrija y tengamos una Municipalidad ágil y transparente”, señaló.
Consultado sobre su denuncia propiamente dicha, Pereyra contó que con sus directores generales, actual jefes de programa, y también algunos inspectores, colaboraron en mostrarle cómo se vendía dentro del mismo edificio de tránsito las pruebas teóricas y en algunos casos, si el ciudadano aceptaba, prueba práctica. “Se hizo la denuncia porque una persona se animó a contar lo que le sucedió y brindó la información. En ese caso, se constató que había una pareja que cobraban $1500 por una prueba escrita por hacerla y $3000 por la práctica de manejo. Eso informe a la justicia y se ve que avanzó sobre los antecedentes que tenía desde 2018”, aseveró.
El ex Jefe de la Policía, dijo que ahora tiene a su cargo 197 inspectores de tránsito y administrativos pero que cuando detectó el problema, no se sancionó a nadie porque requiere una investigación interna. “En este caso eran ciudadanos comunes pero me imaginaba que había convivencia con alguien de adentro. Por eso me interesaba que la justicia lo descubra, desconozco que trabajos se realizó desde la fiscalía. Nosotros ya habíamos empezado a cambiar algunas cosas, para que nos demos una idea, las preguntas del examen hacía 20 años que eran las mismas. Entonces, cada semana dábamos un formulario diferente y buscamos dificultar el examen aunque siempre encuentran la forma de engañar al sistema”, aseveró.
Se supo que desde el Ministerio Público Fiscal continúan las investigaciones y posiblemente se detenga e impute a más inspectores de tránsito que formaron parte de la asociación ilícita, incluso no se descarta la complicidad de alguna autoridad superior. Lo que también genera incertidumbre es saber qué pasará con los salteños que violaron el sistema de otorgamiento de licencias y obtuvieron una haciendo trampa, es por eso que desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos aseguran que pedirán la baja de esas licencias. Según se pudo averiguar, serían más de setenta entre los periodos que abarca la denuncia actual pero están trabajando para esclarecer todas las falencias.
