El subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, se refirió a la denuncia realizada al principio de su gestión por las irregularidades detectadas en el otorgamiento de licencias de conducir a los salteños. Ya son once los detenidos y la fiscalía no descarta que existan más involucrados en la asociación ilícita. De lo que se lleva investigando, serían más de setenta licencias que deberían darse de baja porque no se otorgaron de manera lícita.
JUDICIALES03 de junio de 2020 Redacción El Expreso de Salta
El área de Movilidad Ciudadana, exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, atraviesa cambios profundos internamente ya que ahora los inspectores no labraran multas, como históricamente lo hicieron, sino que la Policía Vial será la encargada mientras que el Tribunal de Falta seguirá recaudando por las infracciones. A esa contundente decisión de la Jefa Comunal, se agrega la detención de once personas, entre ellos civiles y empleados de tránsito por haber conformado una presunta asociación ilícita destinada a facilitar licencias a los salteños que no cumplieron con todos los requisitos previstos para manejar un vehículo.
La fiscal Verónica Simesen de Bielke de la Unidad de Delitos Económicos Complejos le dio curso a la ahora conocida “mafia de las licencias” mediante una denuncia radicada por el subsecretario Gilberto Pereyra sobre una pareja que cobraba dinero a pocas cuadras del edificio de Movilidad Ciudadana, para entregar las respuestas de los exámenes que debían rendir los interesados en obtener la licencia de conducir. A esa denuncia se le suma otra radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.
En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados. Incluso desde la Oficina Anticurrupción que anteriormente estaba dirigida por Pedro García Castiella, también se había investigado el tema.
Gilberto Pereyra, afirmó que llegó a su cargo en Movilidad Ciudadana para hacer las cosas bien por lo que le parece correcto que se haya detenido e imputado a empleados de su área. “Las instituciones deben sanearse, el empleado público debe estar al servicio del ciudadano y transparentar su accionar dentro de su labor diaria. La intendenta Betina Romero quiere transparentar pero hacerlo en compañía del empleado, en este caso ya había una investigación y solamente sume una denuncia este año. En casos futuros, si se detecta irregularidades en cualquier área, nuestro deber como funcionario es trabajar para que eso se corrija y tengamos una Municipalidad ágil y transparente”, señaló.
Consultado sobre su denuncia propiamente dicha, Pereyra contó que con sus directores generales, actual jefes de programa, y también algunos inspectores, colaboraron en mostrarle cómo se vendía dentro del mismo edificio de tránsito las pruebas teóricas y en algunos casos, si el ciudadano aceptaba, prueba práctica. “Se hizo la denuncia porque una persona se animó a contar lo que le sucedió y brindó la información. En ese caso, se constató que había una pareja que cobraban $1500 por una prueba escrita por hacerla y $3000 por la práctica de manejo. Eso informe a la justicia y se ve que avanzó sobre los antecedentes que tenía desde 2018”, aseveró.
El ex Jefe de la Policía, dijo que ahora tiene a su cargo 197 inspectores de tránsito y administrativos pero que cuando detectó el problema, no se sancionó a nadie porque requiere una investigación interna. “En este caso eran ciudadanos comunes pero me imaginaba que había convivencia con alguien de adentro. Por eso me interesaba que la justicia lo descubra, desconozco que trabajos se realizó desde la fiscalía. Nosotros ya habíamos empezado a cambiar algunas cosas, para que nos demos una idea, las preguntas del examen hacía 20 años que eran las mismas. Entonces, cada semana dábamos un formulario diferente y buscamos dificultar el examen aunque siempre encuentran la forma de engañar al sistema”, aseveró.
Se supo que desde el Ministerio Público Fiscal continúan las investigaciones y posiblemente se detenga e impute a más inspectores de tránsito que formaron parte de la asociación ilícita, incluso no se descarta la complicidad de alguna autoridad superior. Lo que también genera incertidumbre es saber qué pasará con los salteños que violaron el sistema de otorgamiento de licencias y obtuvieron una haciendo trampa, es por eso que desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos aseguran que pedirán la baja de esas licencias. Según se pudo averiguar, serían más de setenta entre los periodos que abarca la denuncia actual pero están trabajando para esclarecer todas las falencias.
Durante su alegato el viernes en el TOF N°2, la auxiliar fiscal federal Soledad Cabezas excluyó al exintendente de Salvador Mazza de la acusación del delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual" en la causa vinculada a los allanamientos simultáneos ocurridos en Salta en el año 2013.
El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, está acusado junto a Nancy Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintín y Ramírez, quienes administraban locales en la capital salteña donde la policía rescató a mujeres jóvenes que ejercían la prostitución y que serían explotadas por ellos.
Los abogados defensores de las nueve exoperadoras estatales imputadas por presuntos maltratos reconocieron que se usaba duchar a los niños para contener desbordes emocionales, aunque no con agua fría.
La única excepción era la de "Casita Feliz", dijo la exministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, al declarar como testigo por los presuntos maltratos sufridos por niños y niñas institucionalizados por los que están acusadas nueve exoperadoras estatales. Las condiciones deplorables del resto de los "dispositivos de protección" incluían la ausencia de inodoros, reemplazados por agujeros en el piso, según afirmó. La exfuncionaria reveló además que en su gestión detectó y separó a 12 cuidadores de niños que tenían antecedentes penales, no era el caso de las actuales imputadas.
El abogado Gonzalo Ramos, hablo en conferencia de prensa hoy por la mañana en un reconocido café salteño y sostuvo que el joven fue asesinado por gendarmes. Además, rechazo rotundamente las versiones que vinculaban al joven al narcotráfico.
Desde un corte de ruta en la 54, Reynaldo Román reclama justicia por el crimen de su hija Edith, de 17 años, ocurrido el 13 de diciembre pasado. La manifestación no impide el paso de mercadería y ayuda humanitaria para la asistencia por las inundaciones.
El diputado nacional estuvo en De Buena Fuente, donde analizó el recorte de fondos de Nación hacia las provincias y criticó la administración de los recursos en Salta.
Lourdes Estefanía Quiquinte fue vista por última vez el martes en la capital salteña. La joven, que padece retraso madurativo, por lo que se precisa de manera urgente encontrarla.
El enfrentamiento ocurrió tras una maniobra imprudente en una esquina transitada de la ciudad. Hubo agresiones físicas, pero no se reportaron heridos ni intervención policial.
Los acusados, entre ellos una mujer y dos menores, provenían de Jujuy en dos vehículos cargados con droga. Cuatro iban en un auto detenido en el puesto de control. Otros tres, en un segundo rodado, escaparon hacía Villa Floresta, pero fueron atrapados tras chocar con la pared de una casa. Al conductor, que estaba en arresto domiciliario, se le aplicó -por primera vez en la jurisdicción- la ley de reiterancia, vigente desde marzo. Dos menores fueron devueltos a sus madres, y cumplirán domiciliaria.
Una profesional médica denunció que le robaron dinero de la cartera en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, Evidentemente, indignada publicó el caso en las redes sociales. El directorio no dio ninguna explicación sobre el sistema de cámara y seguridad del nosocomio.