La sesión en el Concejo empezó revuelta. El primer punto en el orden del día produjo un debate de los más insólito, no solo desde el punto de vista de las consideraciones políticas que se desarrollaron, sino también y, sobre todo, por lo improcedente y contradictorio.
A raíz de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Julio Romero, del bloque “Salta tiene futuro”, que solicitaba la adhesión al DNU provincial 255/20 que establece la obligatoriedad del uso de barbijo, el debate en el Concejo se empantanó.
Es que en el segundo punto de este artículo se otorgaba super poderes a la policía de tránsito para cobrar multas a aquellas personas que circularan en sus vehículos sin el barbijo puesto.
Hoy en día ya es motivo de multas por parte de la policía provincial el incumplimiento de dicho DNU. Cualquier persona que se desplace fuera de su vivienda debe utilizar barbijo o tapabocas. Concejales como José Gauffin (Juntos por el Cambio) y Paula Benavides (Ciudadanos) defendieron con tenacidad que el proyecto vuelva a comisión porque significaba un problema establecer una doble vía sancionatoria ya que un ciudadano podía ser multado por la policía provincial y al mismo tiempo por la policía de tránsito. Además de esto, consideraron la necesidad de establecer otras modificaciones en el articulado del proyecto.
Por su parte, Frida Fonseca y Romina Arroyo, ambas del bloque “Santa tiene futuro”, -las más fervientes oficialistas de las concejales- presionaron para que el proyecto sea tratado de cualquier manera, incluso reconociendo la necesidad de hacer enmiendas y modificaciones en los artículos del mismo.
La moción de vuelta a comisión del concejal Ángel Causarano fue rechazada, por lo que el cuerpo se prestó a tratar el proyecto del concejal Romero.
Dicho esto, se votó la ordenanza en general, se aprobó con 12 votos favorables. Cuando los concejales fueron a votar el artículo primero de la ordenanza “Adherir al DNU 225/20 del ejecutivo provincial”, es decir el cuerpo mismo de la ordenanza, el mismo fue rechazado. Entonces la ordenanza de Romero se aprobó en general, pero en los hechos fue rechazada.
La discusión se estancó mientras había concejales como Gauffin, Benavides y Susana Pontussi que reclamaron que el rechazo del primero artículo invalidaba el debate de la ordenanza en su conjunto. Las defensoras del proyecto Arroyo y Fonseca llamaron a los concejales que habían votado a favor en general a disciplinarse y votar favorablemente los restantes artículos para que pudiera continuar con el debate.
Así pues, en un esfuerzo por cohesionar una posición política en el debate de una ordenanza improvisada, Arroyo solicitó un cuarto intermedio para establecer una nueva redacción de la totalidad de los artículos. Lo que tranquilamente se podría haber hecho, si el proyecto volvía a comisión en el inicio de su tratamiento.
"No nos podemos poner de acuerdo en algunos artículos", habría comentado el concejal Romero entre telones.
El debate no dió para más, cuando los concejales retomaron la sesión, grande fue la sorpresa, después de los malabares para que se discuta, volvieron el proyecto a comisión.
