SALTA Violeta Gil 29 de enero de 2020

Salud Pública: a la crisis, Medrano le suma ajuste, amenazas y despidos de médicos residentes

El Ministerio de Salud empezó “hacia atrás”. En el momento de mayor crisis sanitaria en los últimos años en la provincia, con la muerte de 6 niños por desnutrición, sumado al brote de enfermedades propias del Medioevo como el sarampión o la lepra, la política sanitaria del gobierno provincial, el que se fue y el que acaba de asumir, es de una completa improvisación.

Josefina Medrano - Ministra de Salud de la Provincia
La ministra de Salud, Josefina Medrano, es habitué de los “memorándum informativos”, de este modo, emite resoluciones políticas que en el pasado ya le costaron un tirón de orejas por parte del gobernador. Es el caso de memorándum 8/20 que coartaba la publicación y difusión de información pública del ministerio.
Se explica el propósito de censurar toda la información del Ministerio de Salud, no solo por el escándalo de los niños muertos por desnutrición sino porque desde que asumió Josefina Medrano, lo primero que hizo fue avanzar en el recorte presupuestario en una de las áreas más delicadas de la provincia.                                           
El memorándum 5/20, con fecha 06 de enero, firmado por la ministra, establece que: “A partir del día de la fecha, 6 de enero de 2020, se informa que la movilidad en cuanto a los destinos asignados a los Profesionales Asistentes para el año de devolución posterior al Ciclo Docente Básico queda a cargo del profesional, quedando sin efecto la competencia de traslado a cargo del Ministerio. Cualquier incumplimiento de lo aquí dispuesto será responsabilidad del profesional.” 

La Resolución Ministerial 0816/19 estipula que el Modelo Estratégico de Coordinación adoptado en junio de ese año, tenía por objetivo mejorar la calidad de Atención a la Población, optimizando el sistema de referencia y contra referencia, además, la Capacitación en Servicio, Actividades Comunitarias (Extensión de Cobertura) y Trabajo Interdisciplinario.
Los profesionales residentes debían viajar dos semanas al mes a sus destinos designados en el interior -en equipos de dos y hasta tres-, y dos semanas cubrir sus horas en hospitales o instituciones cabecera en capital. 
Los residentes médicos son los únicos profesionales que ingresan a la órbita de la salud pública mediante concurso. Durante los primeros años de residencia profundizan sus conocimientos y capacidades -es decir son formados por el ámbito de salud pública de la provincia-, en diversas disciplinas como enfermería, traumatología, psicología, trabajo social, cardiología, pediatría, obstetricia, ginecología, entre otras. El ciclo es de 3 a 4 años. 
En el último año de residencia, según la disciplina, deben desarrollar la “devolución” que cuenta con una carga horaria de 44 horas mensuales en la institución cabecera de capital y el hospital designado del interior. Durante el periodo 2019, contaban con vehículos oficiales que garantizaban el traslado de los profesionales al interior.  
Ahora, para garantizar el servicio en los hospitales del interior, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad de la provincia como San Martín, Santa Victoria Este, Rivadavia, Orán, Anta, dependerá de sus propios ingresos.
“Nos exigen además que las horas de viaje no intercedan en las 44hs que debemos cumplir, antes sí estaban incluidas”, explica el profesional residente que conversó con El Expreso de Salta, pero que solicitó preservar su identidad por temor a represalias como las que ya se produjeron.
“Hay lugares como el departamento Rivadavia, por ejemplo, en los que tenés que viajar el viernes para empezar a trabajar el lunes y eso implica estar todo un fin de semana sin nada que hacer cuando tampoco está claro cuál es el lugar en el que se alojan los residentes, siempre depende de la buena disposición de los gerentes de los hospitales a los que vamos. Hemos tenido muy malas experiencias con esto”.
 A raíz del memorándum 5/20 un grupo de residentes realizaron una presentación colectiva en el Ministerio de Salud, solicitando una audiencia con la ministra Josefina Medrano para establecer un acuerdo en relación a las nuevas modalidades de actuación y que, “mientras tanto, permanecerían cumpliendo sus funciones en los hospitales y centros de atención designados en la capital”. A la fecha, no solo no han tendido respuestas a sus escritos, ni comunicación con Medrano, sino que, han sufrido represalias y amedrentamiento por parte de funcionarios del ministerio.
El 13 y 27 de enero pasado, debían viajar al interior para cumplir con sus tareas, un total de 13 residentes, pero solo fueron 7, que temían ser sancionados. Los que se quedaron en la capital, fueron citados por la Directora de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud Pública, Celina Caro, quien los recibió en reuniones individuales. Allí, la funcionaria insistió en que “no había más plata para viáticos”, pero aprovechó la volteada para preguntar datos personales a cada uno de los residentes, con quién vivían, si tenían hijos, de dónde venían a realizar sus residencias, entre otras cosas.
“Desvinculación” de una pediatra: 
El memorándum fue la modalidad que, una vez más, utilizó Medrano para “desvincular”, despedir, a una de las residentes pediatra, que se desempeñaba en Joaquín V. González. La despidieron luego de la reunión que mantuvo con Caro en la que la profesional residente defendió su postura y la medida de fuerza contra el ajuste de recursos para los viajes al interior. 
Considerada entre sus compañeros como una profesional de alto nivel académico, “mejor promedio de la residencia”, sus compañeros de trabajo la defienden y consideran injusto el despido, dado que se produce como una represalia y un intento de amedrentamiento al resto de los residentes. Frente a esta situación, los profesionales residentes realizaron una nueva presentación colectiva, este lunes último, esta vez a la Secretaria de Trabajo solicitando que intervenga en forma inmediata en el conflicto. Además, pidieron la reincorporación de la pediatra “despedida”.
¿Qué pasa en el interior?
“Los residentes somos aprovechados para las necesidades de los servicios, sobre todo, en el interior. A veces, un residente tiene que hacerse cargo de ¡todo un hospital en el interior, durante el fin de semana por falta de médicos!”.
El testimonio de quien habla condice con la preocupante realidad de la Salud Pública de la provincia.
En este momento, trabajadores del hospital de Santa Victoria Este y miembros de la comunidad de Los Blancos, han tomado los establecimientos de manera pacífica por falta de profesionales y, sobre todo, insumos. “Uno puede ser el mejor profesional" –explica- "pero si no tenemos insumos, se nos mueren los pacientes”. 
“Se me pone la piel de gallinas" –continúa- "atendí muchísimo y a una enorme escala casos de violencia de género y abuso sexual infantil; modos de vinculación feudales, no podía creer que esto siga existiendo en esta vida”, completa aún sorprendido por su propio relato. “Luego de seis meses de trabajo comunitario, yo conseguí que esas mujeres vayan al hospital y me dijeron que no había nada para hacer porque en esos pueblos no hay justicia, no hay policía, no hay nada. ¡Cortar esos tratamientos es terrible!”, reflexiona.   
La vinculación con comunidades originarias está desprovista de traductores, por completo. A lo sumo, los agentes sanitarios hacen de intermediarios pero establecer un vínculo entre el profesional de la salud y el paciente originario, es un trabajo realmente comunitario.
Evidentemente, la ministra Medrano equivocó el diagnóstico y en vez de sumar agentes sanitarios para atacar los males que hoy son noticias lamentables, abrió un frente de conflicto que termina empeorando la situación de los pacientes. Este mismo error, la lleva a malgastar energía que bien podría ocupar a favor de quienes necesitan, urgente, una mejor atención.

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