Desaparición e incertidumbre: presentan un habeas corpus por una mujer trans cuyo rastro se perdió bajo custodia policial
Una situación de extrema gravedad institucional ha encendido las alarmas en el sistema judicial y de derechos humanos de Salta tras confirmarse la desaparición de Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, conocida popularmente como «La Grillo». La mujer trans, de 35 años, se encuentra con paradero desconocido desde que fue interceptada por efectivos de seguridad a comienzos de 2026, lo que motivó la presentación urgente de una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 4 para que se esclarezca su destino.
La cronología de los hechos expone serias inconsistencias en el proceder de las fuerzas de seguridad. Villarrubia, quien reside habitualmente en Buenos Aires y había viajado a la provincia para visitar a un familiar en terapia intensiva, fue detenida en la vía pública la madrugada del 5 de enero por personal de la Comisaría 2ª de barrio Santa Cecilia. El motivo invocado fue un pedido de captura emanado del Tribunal Oral Federal N° 1 que, según se constató posteriormente, ya no tenía vigencia legal. El último contacto que sus allegados tuvieron con ella fue dos días después, cuando comunicó su situación de encierro; desde entonces, su teléfono se apagó y su rastro se desvaneció.
La preocupación escaló cuando organizaciones civiles junto a las letradas, Agostina González y Aida Di Lodovico, al notar su ausencia prolongada, iniciaron una búsqueda frenética que arrojó resultados negativos en hospitales, la morgue judicial y todas las unidades carcelarias provinciales y federales. Ante la requisitoria judicial, la versión policial sostiene que la mujer fue trasladada y luego liberada al verificarse el error en la orden de captura. Sin embargo, las pesquisas revelaron un vacío documental alarmante: no existen actas de soltura firmadas, no hay constancias de revisión médica y el Centro de Contraventores, lugar donde supuestamente fue derivada, negó haber formalizado su ingreso o alojamiento.
El escenario actual plantea un limbo administrativo y legal inquietante. Según denunció el Comité, la detención se ejecutó bajo una orden caducada y culminó en una supuesta liberación de la que no hay prueba física ni testigo alguno. Ante la falta de respuestas y la sospecha de irregularidades en el sumario policial, que presenta errores de fechas y omisiones, se solicitó al juez Diego Rodríguez Pipino que ordene la reconstrucción paso a paso del itinerario de Villarrubia mientras estuvo privada de su libertad, con el fin de determinar responsabilidades y dar con su ubicación actual.