Una red contra la violencia institucional solicitará a Diputados el rechazo de la “ley trapito”

El conversatorio “La violencia Institucional en primera persona”, realizado días atrás, dio como resultado principal ante la cantidad de denuncias de víctimas de violencia institucionalizada, la conformación de una “red contra la violencia institucional” que accionará inmediatamente contra todos aquel accionar de maltrato, persecución y discriminación que por lo escuchado en el mencionado conversatorio es más de lo que muchos imaginan.

Por ejemplo, una vecina de Barrio 20 de Febrero denunció la pérdida de un ojo por una posta de goma, dentro de su propio domicilio, en una persecución policial a jóvenes durante la pandemia. Esa misma policía produjo mutilaciones y pérdida de ojos a más de 15 jóvenes en la provincia y más recientemente, a un trabajador municipal en Hipólito Yrigoyen, en una manifestación por reclamos salariales, sin embargo, sigue trabajando como si nada y las víctimas no encuentran resarcimiento al daño sufrido.

Una representante del colectivo LGTBQ+ denunció que la policía ejerce de forma sistemática abusos contra mujeres trans-travestis, que “alimentan crímenes de odio”, como la reciente muerte de Fernanda Arias en una comisaría de Rosario de Lerma, que quedó como si hubiese sido una muerte natural.

El grupo de Madres Protectoras invitó a exponer a una abuela de Metán, Liliana Carrizo, quien denunció que lucha por la restitución de sus nietos, apropiados con la complicidad de la justicia, por un núcleo familiar violento.
Además, Madres Protectoras denunció el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), como herramienta de disciplinamiento, mediante el cual se niega la palabra de niñas, niños y adolescentes y se criminaliza a las madres protectoras. En particular, denunciaron el accionar de la jueza Inés Villa Nogués, responsable de revinculaciones forzadas con abusadores y entornos familiares violentos, secuestros institucionales de niñas y niños como método de castigo y adoctrinamiento hacia las madres, persecución judicial, pericias psicológicas compulsivas y dispositivos destinados a desacreditar y despojar a las mujeres de su rol materno.

Denunciaron también la complicidad judicial con deudores alimentarios, que consolida la violencia económica mediante la inacción deliberada.
Familiares de las personas privadas de libertad en las unidades penitenciarias de Salta y del interior, denunciaron terribles violaciones a los DDHH de los presos y sus familias. 

Otro hecho que remarcaron son las detenciones ilegales y violaciones de derechos vinculadas al Centro de Contraventores de Salta, donde semanalmente concentran a decenas de jóvenes de los barrios más pobres, personas en situación de calle y /o indigencia; víctimas de adicciones, como resultado de los ‘operativos trapitos’ de la Unidad de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad. Con el mismo objetivo del control de la calle, se persigue a vendedores ambulantes, artistas callejeros, trabajadores informales que limpian vidrios o cuidan autos, por parte de la Municipalidad, junto con la fuerza policial. 
En este punto, la “red contra la violencia institucional” repudió el proyecto del ahora ex senador Gustavo Carrizo (MC) y el intendente Durand, se acaba de votar en el Senado el incremento de las penas de detención a 40 y hasta 80 días, a través de un proyecto de reforma de la Ley Contravencional por la que incrementan los días de detención para los limpiavidrios y cuidadores de coches.

Más adelante, una profesional psicóloga de un centro de Salud, expuso el accionar policial en forma de hostigamiento y provocación a los y las jóvenes de los barrios de Salta. Además, se pudo notar una criminalización de los consumos de sustancias. 

El conversatorio, finalmente, coincidió en la necesidad de una red de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales ante el crecimiento de las adicciones, pero también, la necesidad de tratamiento de las familias, “para lo cual necesitamos políticas estatales en todos los niveles de atención y en contextos de encierro”. Además, se asumió el compromiso de nuevas convocatorias para organizar a las víctimas junto con las organizaciones de DDHH, políticas, sociales y asociaciones de abogados. Para ello se decidió conformar una red de lucha provincial con las organizaciones y personas contra de la violencia institucional y se acordaron puntos de denuncia y trabajo conjunto. 

Habrá un reclamo al Estado por el derecho a trabajar y estudiar de las personas privadas de su libertad, tal como lo vienen solicitando a través de los Hábeas Corpus presentados por el Centro Comunitario A.L.F.A; el derecho a la salud y el tratamiento para salir de las adicciones, y el cese del trato humillante y violento contra los familiares en las visitas a sus seres queridos, entre otros reclamos que se irán conociendo a futuro.

 Adherentes:
ALFa, Partido Obrero, CDESCO, Asociación Dr. Miguel Ragone, Andhes, Madres Protectoras Salta, MST, La Liga Argentina por los DDHH Blanca Lescano (Nenina), Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales, Secretaría DDHH, CTA Salta, Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil.
Adherentes independientes: José María Martinelli, Julio Garzón, Raquel Adet, Fundación Alas de Libertad, Liliana Carrizo (Metán) y Mirta Quispe.