Denuncian que el Gobierno autorizó que genocidas cumplan condena en cárceles VIP

La organización H.I.J.O.S Capital denunció en las últimas horas que la Justicia autorizó trasladar a 19 genocidas detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención con condiciones de privilegio. Según la organización, los tribunales respondieron a un pedido del Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Patricia Bullrich, que pidió autorización a lo cual no pusieron reparos al traslado, tras pedir la opinión de las defensas de los genocidas y los informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo.

En este marco, puntualizaron que se trata de los genocidas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, ellos son: Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Gerardo Jorge Arráez y Miguel Angel Britos. Mientras que al TOF 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA, Alfredo Ignacio Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro. Según denunciaron “el argumento del Servicio Penitenciario Federal para pedir el traslado es ‘liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas’, consideramos que los genocidas deben estar en cárcel común”. 

“El Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, decidió el traslado de 19 genocidas, todos condenados por delitos de lesa humanidad, a la cárcel VIP de Campo de Mayo”, apuntaron y detallaron que “10 de esos genocidas participaron del encuentro realizado meses atrás con diputados y diputadas de LLA con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza”. 

Previamente a la confirmación del traslado, según un comunicado, los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo. “Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común”, apuntaron.

Denuncia al gobierno de Javier Milei
Según H.I.J.O.S esta medida forma parte del “plan de impunidad de La Libertad Avanza, que tuvo un fuerte repudio social y no pudo avanzar ni en la clausura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ni en la libertad o domiciliarias automáticas de los genocidas”. “Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo”, cerraron.