Condenan a dos hermanas por administración fraudulenta de donaciones

Con un tribunal unipersonal a cargo del juez Aníbal Burgos comenzó ayer en la ciudad de Tartagal la audiencia de debate contra las hermanas Rosa Fabiola y Alejandra Paola Díaz, imputadas por distintos delitos. 

Por los cargos que ocupaban y el grado de conocimiento que tienen en el norte salteño, el hecho provocó conmoción en su momento, cuando el desvío de donaciones se hizo público por la denuncia de otra hermana, Sandra Díaz. 

Rosa Díaz, que era defensora oficial civil en el Poder Judicial provincial y fue destituida en 2021, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público y junto a su hermana Alejandra  Díaz, que era concejala de Tartagal, comparte acusación por "administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos en grado de coautoras".

En el juicio está previsto escuchar las declaraciones de 80 testigos y que se extienda hasta el próximo viernes 9. 

 Las actuaciones de la fiscalía. representada en el juicio por el fiscal Pablo Cabot, se iniciaron a partir de la denuncia de Sandra Díaz, que acuspó a sus hermanas de almacenar en el inmueble que era de su madre diversos bienes que habían sido donados el año anterior por la Fundación Nobles, de la provincia de Santa Fe, con el fin de que fueran entregados a comunidades del Pueblo Wichí.

Tanto la colecta de los bienes como su traslado a la ciudad de Tartagal estuvieron a cargo de los responsables de la Fundación, quienes a su vez, contactaron al grupo “Corazones Solidarios” -integrado por las hermanas Díaz- para que colaboraran con la logística de entrega a sus destinatarios.

Sandra Díaz denunció que algunos de los bienes donados habían sido vendidos, y que Rosa Díaz le anticipó que “la mercadería que estaba guardada era para cuando Paola se postule para diputada”.

 La fiscalía aseguró que la información colectada (informes policiales y fotográficos, procedimientos r inventarios, secuestros, registros domiciliarios, notas manuscritas de caciques y declaraciones testimoniales), indican que una parte de las donaciones nunca fueron entregadas a sus destinatarios y fueron dejadas en el inmueble de la familia de Rosa y Paola Díaz un año antes de su secuestro.

Algunos testimonios también dieron cuenta de que parte de las donaciones fue vendida, mientras que otra parte permanecía guardada, con la intención de ser utilizada en una eventual campaña electoral de Paola Díaz. Surgió también de la investigación que tanto Rosa Díaz como Paola Díaz actuaban de manera conjunta en decisiones adoptadas respecto del destino de los bienes donados. Asimismo se determinó que ambas no solamente estaban al tanto de que su madre, Zulema Hurtado, vendía prendas y calzados provenientes de dichas donaciones, sino que también percibían el dinero producto de esas ventas.

 Por otro lado, la acusación contra Rosa Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública se inició a partir de la denuncia realizada por el entonces el entonces defensor General, el actual procurador General Pedro García Castiella. 

En este caso se le reprocha no haber iniciado trámites que le habían sido requeridos, en otros casos, el abandono de esos trámites o la falta de acción, hechos que perjudicaron a las personas que requirieron la asistencia de esta defensoría. 

Rosa Díaz fue destituida de la defensoría oficial civil en 2021, a instancias de quien era su jefe, Pedro García Castiella, quien le atribuyó las causales de destitución por mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. También la denunció el entonces procurador general de Salta, Abel Cornejo, acusándola por las mismas causales. 

 Esta acusación fue consecuencia de la primera, porque a raíz de que por el escándalo del desvío de donaciones fue suspendida en la defensoría y la sustituyó el defensor multifueron Luis Véliz, quien advirtió las irregularidades en la defensoría civil de Rosa Díaz. 

Véliz informó a la Defensoría General que se encontró con muchas carpetas sin que se hubiera iniciado trámite alguno. Este aviso motivó la realización de un inventario que confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar, entre 2014 y 2020.

Además, del período 2017 a 2020 se determinó que 262 casos estaban en condiciones de iniciarse, pero la defensora oficial no lo había hecho, con el consiguiente perjuicio para las personas de escasos recursos económicos que solicitaron esta asistencia del Estado .

 Entre otros casos, Rosa Díaz no había iniciado trámites para resolver cuestiones de cuidado personal; peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad de personas; medidas de protección, pedidos de alimentos o la ejecución de alimentos ya regulados. Tampoco dio curso a interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimientos, defunciones, rectificaciones de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias.

Y tampoco había iniciado trámites de filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos.