Un fiscal federal investigará la causa contra Estrada por los videos de TikTok
El diputado nacional está acusado por el delito de Intimidación pública, es decir por causar pánico en la población, al difundir videos en los que se habla de la complicidad del Gobierno de Salta con el crimen organizado. Otras cuatro personas imputadas en la misma causa seguirán ligadas a la justicia provincial.
Hoy a la primera hora, en una audiencia de excepciones, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró la competencia federal de una causa abierta en la justicia provincial, bajo la órbita del Juzgado de Garantías 7, en contra del diputado nacional, Emiliano Estrada por los delitos de intimidación pública y peculado.
El fiscal federal general Eduardo Villalba aceptó la investigación contra el legislador, iniciada por la fiscal provincial de Ciberdelitos, Sofía Cornejo.
A Estrada se lo acusa de peculado porque están afectados fondos federales, teniendo en cuenta que los videos habrían sido editados por personal temporario de la Cámara de Diputados de la Nación.
La causa se inició de oficio por la difusión de contenidos mediante perfiles anónimos de la red social TikTok, donde se habla de la complicidad del Gobierno de Salta con el crimen organizado. Se supone que los videos causaron pánico en la población, aunque no se los dio a conocer.
Consultado al respecto, el abogado especialista en Derecho Penal y director de la Especialización en esa materia en la Universidad Católica de Salta, Nicolás Escándar, dijo que hay que evaluar los hechos con mucha cautela: "Las acciones que califican en esta modalidad deben ser idóneas para causar un desorden del buen desenvolvimiento de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de delitos porque colisionan con la libertad de expresión”.
"Quiero insistir que no cualquier acción encaja en este tipo penal. La pena nos da la pauta de que el legislador quiere solo atrapar conductas especialmente graves, son penas de dos a seis años de prisión", indicó.
Dijo que la condena por intimidación pública es similar a la de lesiones graves o al abuso sexual gravemente ultrajante, lo que "da la pauta de que el legislador quiere atrapar conductas que realmente tengan idoneidad para causar graves desórdenes".
Sostuvo además que no cualquier manifestación encaja en este tipo penal: "muchas manifestaciones pueden ser repudiables y dar lugar a la responsabilidad civil. Pero no por eso van a ser delitos".
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