Finca Las Costas: suspenden desalojo y derrumbe de casas de la comunidad Lule y convocó al diálogo
El anuncio llegó después de días de tensión creciente. Las notificaciones que recibieron familias de la comunidad establecían plazos para la demolición de construcciones realizadas en la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas, en el marco de una causa ambiental que busca determinar el origen de la contaminación que afecta a una de las cuencas hídricas más importantes del área metropolitana de Salta. La reserva abastece de agua potable a una parte significativa de la población del Valle de Lerma y se encuentra bajo medidas cautelares desde 2020.
La reacción comunitaria fue inmediata. Hubo protestas en el acceso a Ciudad Judicial, movilizaciones y una fuerte campaña en redes sociales denunciando que detrás de las intimaciones se escondía un intento de avanzar sobre territorios habitados históricamente por familias lules y criollas. La presencia policial durante las manifestaciones y las acusaciones cruzadas entre organismos estatales y referentes comunitarios volvieron a poner en escena un conflicto que nunca logró encontrar una solución definitiva.
En un comunicado difundido tras la reunión con la magistrada, la comunidad sostuvo: "Hemos frenado la demolición de las casas de los hermanos". Según expresaron, durante el encuentro se asumió el compromiso de colaborar con la investigación sobre los responsables de la contaminación en la zona. También señalaron que la jueza les informó que las intimaciones y las medidas consignadas en las notificaciones no habían sido redactadas por su despacho.
El nuevo escenario abrió una instancia de negociación. Mientras preparan una presentación colectiva ante la Justicia, los referentes comunitarios adelantaron que trabajarán en una propuesta de manejo para la Reserva de Usos Múltiples de Finca Las Costas, con el objetivo de aportar alternativas vinculadas a la preservación ambiental y al reconocimiento de la presencia histórica de las familias en el territorio.
"Continuamos en asamblea, alerta y movilización en defensa del territorio comunitario", señalaron, agradeciendo además el respaldo recibido por organizaciones sindicales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, agrupaciones feministas, jubilados y vecinos que acompañaron las protestas.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado no resuelve el fondo de la disputa. Desde hace años, Finca Las Costas se encuentra atravesada por una compleja superposición de intereses ambientales, inmobiliarios, comunitarios y estatales. Por un lado, organismos provinciales sostienen que deben preservarse las condiciones de una reserva considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable y denuncian la proliferación de construcciones incompatibles con la protección de la cuenca.
Del otro lado, la comunidad Lule afirma que las acusaciones recaen selectivamente sobre familias humildes mientras se permite el avance de emprendimientos privados en el mismo entorno. Referentes indígenas vienen señalando desde hace tiempo que el problema excede la cuestión ambiental y se relaciona con una disputa histórica por la tierra, el reconocimiento territorial y el crecimiento urbano en la periferia oeste de la capital salteña.
La escena de este viernes condensó esa tensión acumulada: frente al edificio judicial, carteles, cánticos y banderas reclamaban que no se ejecutaran desalojos ni demoliciones. Horas más tarde, la noticia de la suspensión fue celebrada como una victoria parcial.
Para las familias movilizadas, la batalla recién empieza. Para el Estado provincial, la discusión sobre la conservación de una reserva considerada vital tampoco está cerrada. Entre ambas posiciones aparece ahora una mesa de diálogo que intentará responder una pregunta que Salta arrastra desde hace años: cómo compatibilizar la protección ambiental de Finca Las Costas con los derechos de quienes aseguran que ese territorio forma parte de su historia, su identidad y su forma de vida.