Llaryora mostró las uñas: brutal represión al cacerolazo en Córdoba; hay detenidos
Cuando la manifestación pacífica en contra del decretazo del presidente Javier Milei, por orden de un fiscal apareció la policía y empezó a reprimir a los manifestantes, e incluso contra familias y especialmente contra los jóvenes. La protesta comenzó a las 20 horas en la plaza ubicada frente al emblemático Patio Olmos. La violenta acción policial ocurrió cerca de las 23 del jueves, cuando los manifestantes eran cerca de cuatro mil personas. Según algunos testimonios, todo comenzó cuando un policía cayó al piso y fue golpeado por algunos manifestantes. Los detenidos.
En una jornada en la que los cacerolazos en contra del temible DNU del presidente Javier Milei, se extendieron a varias provincias del interior, desde Bahía Blanca hasta Salta y Jujuy, Córdoba se convirtió en la noche en la noticia lamentable que hizo recordar a los cacerolazos del 2001, cuando el accionar policial tuvo un costo de 39 vidas. Es que nadie sabe por qué se ordenó actuar a la policía contra unas cuatro mil personas que manifestaban en la plaza frente al Patrio Olmos y a la Casa Radical, un lugar emblemático para los cordobeses.
Los efectivos empezaron a empujar a los manifestantes que a esa hora ya ocupaban las avenidas. Al parecer el gobernador Llaryora quería imponer el fracasado "protocolo Bullrich", y en esas circunstancias un efectivo cayó en la vereda, lo que fue aprovechado por algunos manifestantes que golpearon duramente al policía. La reacción del resto de la fuerza no se hizo espera y empezó a dar palos y a lanzar gas lacrimógeno a mansalva. Además, apresaron a varios manifestaciones que hasta las primeras de hoy viernes aún permanecían detenidos, razón por la cual una gruesa columna marchó hasta los tribunales para reclamar la libertad de los mismos.
Frente a un cordón policial, los manifestantes que liberan a los manifestantes debido a que no tenían ninguna imputación ni orden judicial.
Los mismos son: Juan Celli, Santiago Cabral, Rodrigo Savoretti, Agustín Savoretti, Maximiliano Ciambrella, y una menor de 17 años cuya identificación se desconocía, razón por la cual se responsabilizó al gobernador Llaryora de lo que pudiera pasarle al menor.
"Nadie está obligado a identificarse si no es sospechoso de algo, y concurrir a una protesta social no es un delito", afirmó el abogado constitucionalista, Ricardo Gil Lavedra, días atrás cuando fue consultado sobre el operativo policial en los colectivos para impedir la marcha conmemorativo del "que se vayan todos". "Fue un exceso", afirmó.
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