Durante la última sesión, los concejales capitalinos solicitaron a la Comisión de Preservación Arquitectónica y Urbanística (CoPAUPS) que proporcione información sobre su participación en el proyecto de remodelación y puesta en valor de la Plaza 9 de Julio, según lo propuesto por la edil Agustina Álvarez Eichele, del bloque PRO. “Es un acto más para tratar de entender lo que sucedió en la Plaza 9 de Julio”, sentenció el edil José Gauffín, de su mismo bloque, y afirmó: “Nuestra obligación como concejales es explicarle a los salteños lo que ocurrió allí”. Los ediles buscan saber si la CoPAUPS emitió un certificado de no objeción y si hubo supervisión correspondiente

“Esta obra fue muy promocionada, nos iba a costar 135 millones de pesos, pero hasta aquí pareciera que va a salir 380 millones. Una enormidad”, señaló el edil, quien aseguró que, hasta ahora, “nadie entiende”. Pidió no catalogar este hecho como una “improlijidad”, ya que aseguró que “hubo un acto deliberativo -por parte del ejecutivo municipal- para evitar los controles previos”, afirmó.

Al respectó, explicó que hubo una “adjudicación de un adicional de obras sobre el contrato original que obligatoriamente debería haber ido a control previo del Tribunal de Cuentas y no fue”, y remarcó que la documentación fue remitida al órgano de control cinco meses después. “Hay un dolo por incumplimiento de funcionario en esa obligación que tenían de remitir el expediente para control previo. Es el primer acto ilegal. La contratación original si tuvo ese control previo”, señaló.

En este sentido, Gauffín expuso cómo el municipio buscó evitar el control del desdoblamiento o participación de un nuevo tramo en la obra, que se realizó a través de tres órdenes de compras. Explicó que cuando se superan los 35 millones de pesos en este tipo de acciones, se debe remitir el expediente para que una objeción o no del Tribunal de Cuentas; y astutamente el ejecutivo municipal emitió tres órdenes de compra por debajo de ese monto, lo adjudicó de forma directa y evitó el control. “Esto tiene que ser penado”, aseguró.

Además, reclamó que no existen planos y no se pose la documentación para constatar si se realizó una ampliación del sistema de riegos, si hay más metros de manguera y aspersores. Resaltó que determinar qué ocurrió con las obras de la plaza, será tarea del próximo Concejo Deliberante. “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, es escandaloso lo que ha ocurrido”, sentenció.

Pedido al CoPAUPS

Para Gauffín, “las responsabilidades son compartidas”. En este sentido, remarcó que la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la provincia, tiene injerencia en estas obras. “Por ley, la CoPAUPS tiene la responsabilidad de emitir un certificado de no objeción en toda obra que se realice dentro del estado del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Salta. Ningún privado puede poner un ladrillo sin presentar el proyecto en la CoPAUPS. La municipalidad tiene la misma obligación que cualquier privado”, sentenció el edil del PRO.

Remarcó que dicho certificado no fue presentado en el Tribunal de Cuentas, como así también se desconoce si se presentó un proyecto a la Comisión. “Por lo que expresaron los miembros del Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo que decía el ejecutivo, esos adicionales que generaron esas tres órdenes de compra llevando el precio a 380 millones de pesos, eran por pedido de la CoPAUS, y no tenemos la documentación”, aseveró el concejal y remarcó que por esto, se busca determinaron si existieron pedidos por parte de la Comisión que fueran los responsables de disparar el precio. Además, la misma no sólo aprueba el proyecto, sino que controla.

Asimismo, Gauffín pidió que no suceda lo que ocurre habitualmente “que se les hace sumarios a los funcionarios de menor rango, y no al responsable político”, sentenció. “Para mí, es un hecho delictivo”, sostuvo.