"Realmente ahora sí creemos que la justicia está. No hay que bajar los brazos, vengo luchando desde hace más de 40 años y no me han logrado callar", dijo Víctor Manuel Cobos, tras conocerse el fallo en el juicio conocido como La Veloz del Norte II, y agregó: "a pesar de las amenazas de muerte que recibí, hemos logrado juntar toda la prueba necesaria y llegar a esta conclusión".
Marcos Levín fue considerado responsable del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura militar, mientras que otros dos acusados fueron condenados a 16 años de cárcel.
Cobos, que estuvo acompañado por representantes de distintos movimientos de defensa de los derechos humanos, expresó que "la mayoría de las víctimas de este juicio ya fallecieron, pero Dios me dio la posibilidad de seguir vivo para seguir adelante y lograr esto, que es un triunfo grande para todos los que hemos sido torturados en aquella época tan nefasta, que fue el gobierno de facto".
El TOF 1 de Salta resolvió declarar los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad y condenar a Levín a la pena de 18 años de prisión por resultar coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por resultar las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
Condenó también a Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, a la pena de 16 años de prisión e inhabilitación como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida con abuso funcional, agravado por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por resultar las víctimas perseguidas políticas.
A la vez, los jueces condenaron al exjefe de personal de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, a la pena de 16 años de prisión por resultar partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Cobos.
Esto, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por violencia y amenazas, en perjuicio de las otras 16 víctimas, en concurso real con imposición de tormentos agravado.
El fallo fue en mayoría, con la disidencia parcial de una de las juezas respecto al grado de participación de los hechos y al monto de la pena impuesta.
Tras la lectura del fallo, el fiscal federal Carlos Amad dijo que esto "es una alegría para nosotros, un triunfo de la justicia", y agregó: "estamos muy emocionados porque fue duro el juicio".
"Se hizo justicia", resaltó Amad, tras lo que afirmó que "hemos demostrado que el señor Levín utilizó las estructuras asesinas del estado terrorista de ese momento para perseguir al oponente, al enemigo, que eran personas que pensaban distinto, sindicalistas, gente de a pie, común".
Consultado sobre la resolución emitida el miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena otorgada a Levín en un juicio realizado hace más de siete años, el fiscal consideró que "fue como un espaldarazo a lo que nosotros venimos sosteniendo" y opinó: "la resolución de Casación no tiene desperdicio".
En este sentido, destacó que los miembros de ese tribunal "situaron todo lo que pasó exactamente como nosotros lo habíamos dicho, inclusive creo que fueron hasta más allá en alguna apreciación de los hechos, pero estamos muy conformes y contentos por todo esto".
La semana pasada, durante los alegatos, Amad pidió la pena de 25 años de prisión para Levín, mientras que para Grueso y Almirón solicitó una pena de 23 años de cárcel.
En tanto, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Gastón Casabella, requirió la pena máxima para los tres acusados, mientras que, en representación de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar, pidió 18 años de prisión para Grueso.
En enero de 1977, con la excusa de una supuesta defraudación a la empresa, denunciada por el propio Levín, 22 trabajadores fueron detenidos ilegalmente y trasladados a la Comisaría Cuarta, donde fueron torturados.
Luego de pasar unos días en la comisaría, la mayoría de los empleados fueron liberados, mientras que el resto fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, donde siguieron detenidos por algunas jornadas.
El miércoles la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 12 años de prisión que Levín recibió el 28 de marzo de 2016, por el secuestro y las torturas a trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Ese tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos en perjuicio de Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.
En esta causa se tuvo por probado que Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido por personal de la Policía de Salta el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa cuando se disponía a salir de viaje de servicio.
El dirigente fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo de la empresa La Veloz del Norte a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, donde fue torturado y permaneció cerca de una semana, tras lo que fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, y recuperó su libertad el 19 de abril de ese año.
El caso volvió a la Cámara de Casación luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de ese tribunal que, con otra composición, en 2017 había anulado la condena impuesta a Levín -primer empresario condenado en el país por delitos de lesa humanidad- y a otros tres policías acusados del secuestro y las torturas a Cobos.
LAS VÍCTIMAS
Las víctimas del juicio que concluyó ayer jueves, conocido como "La Veloz del Norte II", fueron identificadas como Juan Alberto Alonso, Carlos Aponte, Carlos Bais, Norberto y Emilio Borquez, Cobos, Carlos Delaloye, Oscar Espeche Rodas, Sebastián Gallará, Ciriaco Justiniano, Manuel Modad, Carlos Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Rodríguez, Jorge Romero y Rubén Vrh.
La presidente del TOF1, Marta Liliana Snopek, encabezó las audiencias, iniciadas el 3 de octubre pasado, en la sede de los tribunales federales salteños, mientras que los jueces Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus lo hicieron por videoconferencia, al igual que los imputados.
Levín y Grueso fueron asistidos por el abogado Marcelo Arancibia, mientras que el defensor oficial Federico Petrina hizo lo propio con Almirón, y el jueves en sus alegatos, pidió la absolución de su defendido.
En el fallo, los jueces decidieron mantener la modalidad de prisión domiciliaria de los tres acusados y fijar para el próximo 5 de diciembre la lectura de los fundamentos.