La causa judicial que el intendente de La Merced tiene sin resolver y con indicios de culpabilidad, surgió por un llamativo hecho acaecido durante el año 2020 durante la pandemia por el COVID. Javier Rafael Wayar, incumpliendo las normas municipales y leyes provincial, decidió pagar a cuenta de las dietas correspondientes a tres concejales que respondía a su línea política:  Pedro Gutiérrez, Daniel Jesús Coreico y Dina Francisca Pastrana, que aparentemente no sabían que se trataba de un “gesto exclusivo” para ellos y lo comentaron al inicio de una sesión ordinaria. A raíz de ese comentario, se inició una causa judicial que terminó comprobando el movimiento irregular.

El año pasado, el juez de Garantías Nro 8, a cargo de la doctora Claudia del Valle Puertas, decidió, por ejemplo, embargarle el 20% de los honorarios al intendente hasta cubrir un poco más de 3 millones y medio de pesos.

Luego, el 28 de diciembre del año pasado, el vocal 3 de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, rechazó el recurso de apelación solicitando el sobreseimiento del jefe comunal de la mencionada causa. El juez Ezequiel Molinati y la secretaria María de los Angeles Muiños ordenaron la continuidad de la investigación para lo cual derivaron el expediente al juzgado de origen, por lo tanto, el intendente Javier Wayar continúa imputado “retención indebida e incumplimiento de funcionario público”; y en el caso de los concejales, por el caso de peculado. Pero a días de que los vecinos de La Merced deban concurrir nuevamente a las urnas, tendrán como opción de elegir a un candidato del que no se sabe si es responsable o no de los delitos que se le imputan.

Según el informe enviado al Concejo Deliberante de La Merced, el juez espera de “una respuesta de un oficio librado parala intervención del gabinete de delitos económicos del CIF”.