El 14 de Noviembre de 2018, la instrumentadora quirúrgica, Carolina Mariel Pérez pidió una entrevista con Periódico El Expreso para contar lo que hasta ese momento nadie quería escuchar: una denuncia contra el director de la clínica de calle Jujuy 140, doctor Emilio Raúl Benitez, el contador Daniel Martín Tolaba y otros médicos del lugar y la gerencia de la sucursal PAMI Salta.

“Yo tenía varias funciones, tanto administrativas como de mi profesión. Se hacían planillas diarias que se emitían a PAMI en donde se dejaba constancia que pacientes internados 'en piso' figuraban como que estaban internados en terapia. Eso implica obtener un valor más elevado y por eso había sobrefacturación. Hablamos de $3.500 en piso y en terapia de $7.500, por día. La orden la daba el contador Tolaba”, contó Carolina Mariel Pérez, en esa oportunidad.

Pérez trabajó durante un año y medio en el lugar y al notar las irregularidades comenzó haciendo denuncias anónimas ante el PAMI, que respondió con una auditoria a cargo de la Dra. Mariana Estela Dell Acqua. El informe dejaba traslucir las falencias denunciadas por la ex empleada, y tendría que haber sido elevado a las oficinas centrales de Buenos Aires pero por motivos que se desconocen, el informe quedó guardado en la sucursal local. Ante esto, la denunciante recurrió a la Unidad Fiscal de Investigaciones UFI – PAMI a cargo de Javier M. Arzubi Calvo pero llamativamente no obtuvo ninguna respuesta. Por lo que Carolina Pérez decidió presentar todo en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del doctor Eduardo José Villalba, quién requirió el allanamiento junto con el Juez Leonardo Bavio.

Según la primera denuncia: “Todos los hechos se realizan con la connivencia del personal perteneciente a PAMI SALTA, que si tenían conocimiento claro y cabal de los hechos. El sistema fraudulento se repite sistemáticamente en la provisión de medicamentos a los pacientes, donde solo se compra el 40 % de la provisión necesaria, pero si se factura como si se hubiera administrado el 100 % de las medicinas a todos los pacientes que lo requieren, dejando así un margen de beneficios económicos mayor mensualmente”.

“Los medicamentos son escasos. Si yo nombro por ejemplo que tengo trece pacientes en una clínica internados tanto en terapia como en piso, no podes dar cinco Ranitidinas o Diclofenac para todos ellos. Es un numero estándar de internados, a veces se puede tener más o menor pero esos medicamentos no alcanzan es ilógico. Si daban 30 mil pesos para comprar por semana medicamentos y descartables, no alcanza para todos”, agregó Pérez.

La denunciante también estuvo encargada de la parte de Farmacia un tiempo y dijo que la Clínica del Neurodiagnostico no cuenta con la habilitación técnica necesaria y por ende se ve imposibilitada de adquirir medicamentos del tipo psicofármacos, utilizados habitualmente en cirugías y medicación a pacientes, que debido a las características de trazabilidad de los mismos, estos fueron obtenidos de manera ilegal por la clínica. “En el periodo de 2017, continúa la provisión fraudulenta de farmacia de medicamentos trazados como Tramadol y Diazepam y no trazados como Ketorolac, Dipirona, Diclofenac, Dexametasona, Unasina entre otros, hurtados del Hospital San Bernardo y comprados por el Dr. Benítez”, indica.

Según Pérez, la clínica aplica un presupuesto de $0 para seguir las normas de bioseguridad requeridas en un establecimiento de salud, infringiendo ordenanzas vigentes, mezclando prendas, ambos y ropa de cama de Terapia Intensiva, Piso e indumentaria de los empleados en un mismo paquete, donde se mezclan fluidos corporales infecciosos, que luego es enviado a  una lavandería común. De igual forma, la clínica tiene el servicio de recolección de residuos patógenos suspendido, por lo que los mismos son desechados en bolsas negras comunes y llevadas por la empresa recolectora de residuos que presta servicio urbano, con el consiguiente peligro de provocar un foco infeccioso patógeno a cielo abierto. “Los residuos patológicos siempre se sacaron de la misma forma, hubo una temporada donde hice un contrato con una empresa de DGM y de la cual se le debe desde marzo y por eso se suspendió el servicio de recolección. Es una falta de pago por amarretes, no pagan porque no tengan sino porque no quieren”, aseveró.

Mañana, los representantes legales de la denunciante, Luciano Romano y Laura Mejías, se reunirán en el juzgado federal para conocer detalles del allanamiento y aportar pruebas fehacientes sobre las irregularidades que se dan dentro de la cuestionada clínica.