La jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió que en un plazo de 10 días, desde el 26 de julio la provincia debe presentar un Plan de Salud Mental ante su juzgado. Este tiene que involucrar el cumplimiento de las metas presupuestarias destinadas a la salud mental, que alcanzan al 10 por ciento del total de las partidas destinadas al Ministerio de Salud de la provincia. Ese Plan debe cumplirse en un año a partir del dictado de la sentencia. La resolución se dio en el marco del amparo colectivo presentado por los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz. 

Este fallo es el sucedáneo de uno que se hizo al principio de la década del 2000, cuando no existía la ley de Salud Mental que se aprobó en el 2010, y si bien tenía una sentencia se encontraba incompleto. 

"Esa esa sentencia de hace muchos años atrás fijaba una organización a favor del paciente en los sistemas sanitarios de salud mental en la provincia. Gracias a eso se cerró el Potrero de Linares, que era una institución donde estaban los pacientes, que para determinados requisitos sociales y socio sanitarios,  eran irrecuperables y estaban allí de por vida. Entonces se los trasladó al Ragone y comenzó a ser el único hospital monovalente especializado en psicología, psiquiatría y neurología en la provincia. Eso llevó a que el sistema tenga que dar respuestas para que no se colapse porque se fusionaron dos nosocomios, pero como no se hizo nada a favor del paciente, que si se hubiera hecho no era necesario el fallo", explicó Ceballos. 

En ese sentido aseguró que el la Provincia apeló el fallo para suspender la ley de Salud Mental, "porque ellos buscan desde el punto de vista suspenderla, pero ya está suspendida desde el momento que toda la gestión es ilegal, así que ya están al margen de la misma. El gobierno, sistemáticamente en todo lo que protege al ciudadano o genera sustentabilidad en los derechos, siempre los apelan", finalizó.