El consultor en salud mental, Rodolfo Ceballos, informó que la Provincia apeló el fallo de la jueza Carriquiry por el cual el Estado debía presentar ante su juzgado, en un plazo no mayor a diez días, un plan integral para la salud mental y destinar un mayor presupuesto en esta área descuidada por el ministerio de Salud.
DE BUENA FUENTE 10 de agosto de 2022
Redacción El Expreso de Salta
La jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió que en un plazo de 10 días, desde el 26 de julio la provincia debe presentar un Plan de Salud Mental ante su juzgado. Este tiene que involucrar el cumplimiento de las metas presupuestarias destinadas a la salud mental, que alcanzan al 10 por ciento del total de las partidas destinadas al Ministerio de Salud de la provincia. Ese Plan debe cumplirse en un año a partir del dictado de la sentencia. La resolución se dio en el marco del amparo colectivo presentado por los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz.
Este fallo es el sucedáneo de uno que se hizo al principio de la década del 2000, cuando no existía la ley de Salud Mental que se aprobó en el 2010, y si bien tenía una sentencia se encontraba incompleto.
"Esa esa sentencia de hace muchos años atrás fijaba una organización a favor del paciente en los sistemas sanitarios de salud mental en la provincia. Gracias a eso se cerró el Potrero de Linares, que era una institución donde estaban los pacientes, que para determinados requisitos sociales y socio sanitarios, eran irrecuperables y estaban allí de por vida. Entonces se los trasladó al Ragone y comenzó a ser el único hospital monovalente especializado en psicología, psiquiatría y neurología en la provincia. Eso llevó a que el sistema tenga que dar respuestas para que no se colapse porque se fusionaron dos nosocomios, pero como no se hizo nada a favor del paciente, que si se hubiera hecho no era necesario el fallo", explicó Ceballos.
En ese sentido aseguró que el la Provincia apeló el fallo para suspender la ley de Salud Mental, "porque ellos buscan desde el punto de vista suspenderla, pero ya está suspendida desde el momento que toda la gestión es ilegal, así que ya están al margen de la misma. El gobierno, sistemáticamente en todo lo que protege al ciudadano o genera sustentabilidad en los derechos, siempre los apelan", finalizó.
Señaló que el Gobierno nacional no puede abusar de su autoridad, y que debe encontrar mecanismos de diálogo con la oposición. “La ciudadanía votó mayoría opositora para que haga un equilibrio al presidente”, dijo
El presidente del Concejo Deliberante, Villegas, dijo que la situación es “insostenible” para los mercedeños, afectados continuamente por inundaciones y anegamientos. Armarán mesa de trabajo con otros municipios “porque este problema es zonal”.
El secretario del Interior señaló que la reducción de envíos de coparticipación, de 12% en enero, y casi 20% en febrero, están afectando a los Municipios. “Los intendentes ya estaban avisados”, dijo
El abogado y columnista laboral destacó que la violencia laboral existe, implica un daño físico o psicológico, y es importante atender a las personas que la sufren en el ámbito laboral. Las leyes también defienden al empleado público de la violencia del superior.
El concejal (MC) dijo que “el problema de la seguridad vial es que se nos està muriendo gente en las calles”. Y cuestionó que no se avancen desde los Gobiernos con políticas de salud pública para frenar los siniestros.
El número 2 del PJ salteño lamentó que el presidente de la Nación abuse de su posición dominante para incitar a la discordia social, con el fin de dividir y romper el sistema representativo de la democracia.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.