En esas condiciones fueron encontrados en Salta 66 trabajadores formoseños de la comunidad wichi en una serie de allanamientos. Habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.

Pero la empresa que los "contrata", según explicó a Télam Germán Ferrari, el subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tiene sede en la provincia de Tucumán y hay un nombre detrás de todos los incumplimientos a las más básicas leyes laborales: el empresario citrícola Pablo Padilla.

El primero de mayo, para el día del trabajador, Ferrari ya lo había cruzado en una entrevista: "Sería muy bueno que comience a cumplir con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo, como, por ejemplo, el jornal garantizado, entre otras obligaciones que no se están cumpliendo. La verdad es que hoy los trabajadores están en condiciones indignas, donde muchos empresarios no garantizan siquiera la higiene en la finca o baños y no cumplen con lo que ellos mismos firman”, manifestó.

"Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta", dijo a Télam este hombre que desde hace años se enfrenta al poder de este empresario citrícola "que terceriza los servicios", afirmó este martes.

A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se pudo echar luz sobre este caso tras dos operativos relámpago y simultáneos.

Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa.

El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”;  allí unos 45 trabajadores  “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia señalaron que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate”  se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal según confirmaron a Télam desde la gobernación salteña. 

En los operativos también participó personal de la AFIP.

Padilla es además presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.
Ésta no es la primera denuncia que recibe por su trato hacia los trabajadores.
En julio de este año, rabajadores rurales migrantes de la cosecha de limones en la localidad de El Galpón, en el sur salteño, dieron a conocer las condiciones de servidumbre y violatorias de los derechos humanos en que los tiene la empresa para la cual prestan servicios. En el lugar de trabajo no tenían baños químicos ni agua, en los alojamientos los mantenían hacinados y sin servicios básicos. 

Pero los tiempos de la justicia son inversamente proporcionales al poder de los investigados.

(*) Agencia Telam