Con Bettina Romero y Gustavo Sáenz de espectadores en primera fila, mientras el presidente del EnReSP, Carlos "Uluncha" Saravia embestía contra el cobro de tributos municipales en la factura de EDESA, enumerando toda serie de argumentos y anunciado el comienzo de la guerra fría con las autoridades de la Ciudad de Salta; el principal defensor de que "todo está en regla", Daniel Nallar,  Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, esperaba ansioso a la prensa para responder punto por punto lo que el presidente esgrimía casi en simultáneo. A metros y minutos de distancia en el mismo plano espacio-temporal, los dos se atacaban, atajanan y respondían, sin necesidad de estar frente a frente.... 

Agustina Gallo, Frida Fonseca, Miguel Torino, María Eugenia Angulo y hasta vocales del Tribunal de Cuentas y concejales. Nada alcanzó ni siquiera para que el EnReSP y la Municipalidad se pongan de acuerdo con lo ocurrido en la facturación de 23 mil contribuyentes, según Saravia y solamente 600, según el ejecutivo. 

"Ordenamos suspender de manera inmediata la operatoria de cobranzas por anexión que realiza en base a un convenio entre la Municipalidad y EDESA y que involucra a todos aquellos contribuyentes que los encuadraron como responsables fiscales en base a lo que llamaron Unidad Parcelaria Transitoria", anunció con firmeza Saravia frente a la ronda de micrófonos. El accionar del ejecutivo encuentra su base en el Código Tributario Municipal que aprobó el Concejo Deliberante en diciembre pasado, como así también en las resoluciones de ARMSa, "que dispuso asociar y vincular impropiamente catastros con números de suministros de energía eléctrica", según el presidente del Ente; y la falta de autorización para aplicar este régimen de Unidad Parcelaria Transitoria que multiplica obligaciones tributarias sobre los titulares de un catastro.  

Saravia dio a conocer la repercusión económica de la medida: la Municipalidad incremento en un 89% la recaudación del año pasado y sobre 23.680 los nuevos contribuyentes de diciembre a enero del 2021, lo que en ese período única una recaudación de $73 millones de pesos. ¿Quieren seguir cobrando? OK, consigan una validación del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, les dijo el Uluncha-palabras más, palabras menos-. Además, estas polémicas parcelas transitorias deberán ser identificadas por procesos físicos de relevamiento y con aprobación de la Dirección General de Inmuebles para que deje de ser una "presunción" y pase a ser algo "legal y existente". Para esto, le dio un plazo de 60 días. Además, EDESA ligó una Auditoría para determinar qué pasó al respecto y si corresponde, habrá sanción. 

"No hemos tenido ningún tipo de respuesta eficiente por parte de autoridades comunales y hemos suspendido diálogos porque ante una evidente violación de la normativa, nos han dicho que no existe ningún tipo de irregularidades o que hay problema de semántica con una palabra", enfatizó el titular del organismo y remarcó: "No vamos a discutir o sacrificar honestidad intelectual en relación con esta situación".  "La Municipalidas dispuso presumir que donde había más de un medidor, había otra casa más. Esto violenta el sentido común, violenta la razonabilidad, violenta procedimientos legales que tienen que ser explícitos porque la traducción es sacarle plata del bolsillo al usuario'", sentenció. Para terminar, no sin menos drama, Saravia pidió perdón en nombre del Ente Regulador por las gestiones anteriores del organismo que no advirtieron la situación.  

El primer golpe ya había sido dado por el EnReSP. Atento tomaba nota un trabajador municipal del área de prensa, que repentinamente desapareció de entre los asistentes. Saravia terminó la ronda de prensa y se dirigió a disfrutar de una medialuna y casi se atraganta cuando repentinamente una periodista le avisó que afuera estaba Daniel Nallar con intenciones de retrucar todo lo que había dicho. 

Pronto los micrófonos de encendieron de nuevo, y efectivamente, Nallar respondió a la prensa que salía con información fresca. "Estoy acá en EnReSP. No es casual. Se sabía que hace una semana hoy se vencía un plazo del Ente para responder a la Municipalidad un requerimiento que hicimos por 900 millones de pesos en obras que debían ponerse en Salta y que han desaparecido, y estamos hace un año con una investigación que involucra a directores el Enre en verdadera asociación ilícita", lanzó el segundo golpe del Secretario. Empezó el fuego cruzado.  

Se tratarían de "millones perdidos", según Nallar, que debían ir en obras para el agua y cloacas. "El Ente entró en esta cosa histérica de acusar a la Municipalidad, y que tomó como un verdadero apriete. No vamos a ir a atrás con las investigaciones que iniciamos hace un año, de ningún modo. Vamos a seguir más adelante. Mañana voy a interponer denuncia penal contra los directores, que se califica como asociación ilícita al haber malversado 900 millones de pesos", esgrimió el Secretario.  

"Pude escuchar que  hay intento de suspender cobranza de la Municipalidad en la factura de EDESA  y eso no es posible", reclamó el funcionario. Remarcó que el Ente no tiene potestad para tomar esta decisión y que desde 2005 el municipio utiliza con este sistema, así también advirtió que no existe hoy una metodología paralela para cobrar  

Nallar hizo énfasis en que solo se trata fe 600 casos, que el EnReSP advirtió se existencia, que ya fueron corregido y hasta resarcirdos, ya que éstos eran de familias con unidades parcelarias sin fines lucrativos. Los 23 mil contribuyentes que expone Saravia, según el representante Legal y Técnico, lo tomó de el total que trabajó la Municipalidad para un reacomodamiento de distintos tributos, y aseguró que éstos no tienen nada que ver.  Lejos de negociar o llegar a un consenso, Nallar fue exclusivamente a redoblar la apuesta: "Todo va a seguir igual, no hay manera de retrotraer esto", fustigar.  

Al respecto, explicó que 600 casos eran de familias con unidades parcelaria sin fines lucrativos, mientras que, por otra parte, admitió que existen 2 mil donde, por ejemplo, hay galerías comerciales con propiedades divididas en locales, que al tener fines lucrativos de unidades parcelaria, es el propio Código Tributario aprobado por el Concejo el que contempla que deben considerarse de manera independiente. "El Código lo dice, no hacemos nada solos. Y está todo avalado por la DGI", destacó frente al cuestionamiento de Saravia, que aseguraba que el municipio no tenía potestad.  

En fin, pudo haber sido un escenario, o el otro, sin embargo, podríamos comenzar a preguntarnos cuál será el desenlace, que dejos de evitar el encuentro cara a cada, parece buscar una fecha y hora cercana para el próximo golpe. Real o metafórico.