Cuando todos esperaban el avance de la investigación, que una vez por todas ponga en evidencia el manejo político de los AP, que las cámaras del Banco Macro indiquen quién retiraba los fondos de la importante designación que figuraba a nombre de la joven Leonela Apaza, que ANSES elevara el informe correspondiente, resulta que, al parecer, el martes próximo quedaría todo en la nada. Porque la muchacha, por razones que aún se desconocen, habría decidido al mediodía del viernes levantar la denuncia que no solo había presentado ante la Fiscalía, sino también había hecho público a través de los medios convirtiendo al caso en un escándalo de proporciones. Es de esperar que haya previsto no quedar expuesta en el futuro a una acusación por falsa denuncia o que un arreglo con el fin de apaciguar las aguas, busque el silencio en la situación, aunque ahora resulta ensordecedor.

El 7 de mayo se hizo pública una terrible denuncia de una joven embarazada, Leonela Apaza, de la localidad de El Tala, contra el diputado provincial Fabio Francisco Rodríguez, de La Candelaria, ya que según contó la muchacha, al acercarse a ANSES a gestionar el ingreso Prenatal, le informaron que era titular de un AP, es decir, de un “Agrupamiento Político”. Apaza sostuvo que Rodríguez le había ofrecido una “beca” de 6 mil pesos, sin embargo, en el organismo nacional le informaron que a su nombre figuraba un ingreso mensual de 180 mil pesos. La joven contó su historia a un medio local, y pronto, abrió el debate en torno a todo lo que suscita este tipo de ingresos que hace muchos años sostienen los legisladores: cuántos, cómo y por qué; sobre todo, si existen mecanismos que garanticen este tipo de estafas, como el denunciado por Apaza. Los AP se tratan de puestos laborales dependientes de las Cámaras legislativas que son temporales y de las que disponen diputados y senadores, con la finalidad de recibir acompañamiento y asesoramiento en la tarea de control, legislación y política.

Prontamente, tomó intervención la Fiscalía de Rosario de la Frontera, a través del fiscal Nicolás Rodríguez López por el delito de estafa; mientras que en la Cámara Baja, se conformó una Comisión Investigadora, integrada por tres diputadas del oficialismo: Alejandra Navarro, Laura Cartuccia y Carolina Ceaglio, aunque esta última renunció y en su lugar asumió Ana Laura Córdoba. Fue el propio Germán Rallé quien presentó el pedido para la conformación de la investigación, aunque defendió la “presunción de inocencia” y cabe resaltar, que dentro del recinto, no se escucharon críticas a favor, ni en contra.

Por su parte, Rodríguez se puso a disposición de ambas instancias, pero aseguró que esto se trató de una “opereta política”, vinculada a su lucha “contra el narcotráfico” y sostuvo que muchos de los que denunció cuando fue concejal, hoy se encuentran declarando. Si bien remarcó en reiteradas oportunidades que no dio extensas declaraciones frente a la polémica porque no quería “entorpecer la investigación”, sí afirmó que la joven era una “colaboradora que trabajaba como AP” y que además “hizo todo el proceso”, en referencia al trámite burocrático para percibir el sueldo. Además, remarcó que para darse de alta en este ingreso, hay un proceso administrativo, “un ida y vuelta de información, ella aduce que tenía desconocimiento, pero se hace un psicofísico entre los requisitos”, argumentó desmintiendo a Apaza. También remarcó que en el video de su testimonio, se ve el registro de una tarjeta de crédito, y advirtió que le llamó la atención que antes que le notificara la justicia, el relato audiovisual ya estaba circulando en redes. Aunque aceptó que sí gestionó el ingreso, no dio información sobre si ella recibiría el total del ingreso estimado.

Finalmente, en horas del mediodía de la jornada de hoy, tanto la muchacha como el diputado se presentaron en la fiscalía de Rosario de la Frontera, y allí Apaza habría retirado la denuncia, a través de la nota de un abogado. Los motivos, se desconocen: pudo haber sido un arregló del diputado, un “apriete” de sectores políticos o el arrepentimiento de la joven. Esto desarmaría la Comisión Investigadora de las diputadas, pero podría implicar para la muchacha una denuncia por falsa denuncia, como así también por daños y perjuicios para el cuestionado legislador. Independientemente del desenlace, se trata  de un episodio más en la política salteña que puso de manifiesto las irregularidades en el manejo de fondos y la corrupción, como así también disparó la discusión en el antaño y cuestionado sistema de los AP.