Falta menos de un mes para el vencimiento de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, cuya vigencia concluye el próximo 23 de noviembre. Pero al filo de que se reanuden los procesos judiciales de desalojo de comunidades originarias en todo el país, hoy el Senado de la Nación aprobó una prórroga por cuatro años, a partir de un proyecto de ley de la senadora salteña Nora Giménez. La iniciativa contemplaba también otorgar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) un presupuesto anual de 290 millones de pesos por cuatro años, para completar el Relevamiento Territorial previsto en la ley aprobada inicialmente en 2006.

Para sumar la mayor cantidad posible de adhesiones, la iniciativa de la legisladora fue modificada en el recinto, incorporando aportes del senador chaqueño Víctor Zimerman, que propuso involucrar a los Gobiernos provinciales y municipales en la ejecución de los relevamientos de las comunidades. Además, se estableció que el INAI debe informar una vez al año al Congreso sobre el cumplimiento de la ley y el uso de los fondos asignados.

Finalmente, el proyecto de prórroga se aprobó por 43 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Pero el debate no estuvo exento de polémica. Por un lado, los senadores cordobeses Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado vincularon el conflicto mapuche con la ley, y argumentaron que si se aprobaba la iniciativa la Justicia no iba a poder actuar contra los miembros del RAM que atenten contra los bienes públicos y privados, lo que fue desmentido incluso por miembros de su propio bloque. 

Otra voz disonante, aunque eligió la abstención antes de votar en contra, fue la del senador Juan Carlos Romero, que cuestionó al Gobierno por no poder concluir con el relevamiento territorial de las comunidades, y vinculó la falta de definiciones sobre la titularidad de la tierra con la persistencia de la pobreza entre las poblaciones indígenas. Aseguró además que durante su gestión como gobernador se entregaron títulos de propiedad a decenas de comunidades originarias en la provincia.

Cabe señalar que desde 2006 a la fecha el INAI relevó 998 Comunidades Indígenas en todo el país; mientras que hay otros 253 relevamientos en trámite. Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA.

Al defender el proyecto, Nora Giménez destacó que la ley sirvió para garantizar la paz social en un momento en el que los conflictos por tierras se repetían a lo largo del país. Y anticipó que si se aprueba la prórroga buscará avanzar en el debate de una ley de propiedad comunitaria indígena. Pero antes, para convertirse en ley, el proyecto tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Y antes del 23 de noviembre.