La sentencia se dictó a poco más de un mes de la detención y acusación contra los dueños del prostíbulo ubicado en la calle Astigueta 612 de la zona conocida como El Bajo. La pareja explotaba sexualmente a mas de diez mujeres a fin de reunir una determinada suma de dinero que, cada semana, era retirada por los tratantes.
La fiscalía a cargo de Eduardo Villalba ratificó la acusación y posteriormente se arribó a un acuerdo pleno con la abogada defensora Laura Flores Mejías que derivó en las condenas, la imposición de multas y el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo.
Mediante un juicio abreviado y a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó a R.L. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras su pareja deberá cumplir 3 años de prisión de ejecución condicional. Asimismo, se impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente. Además, el fiscal requirió al magistrado el decomiso del inmueble utilizado para la explotación, lo que fue concedido por el juez. Respecto al destino de esta vivienda se evalúa la posibilidad de que quede bajo el ámbito de la Provincia, para ser utilizada como base de una dependencia policial o un polo de víctimas de trata.
La defensora Flores Mejías dijo que ya venían tratando de llegar a un acuerdo conveniente para todas las partes. "Mis clientes alquilaban el inmueble a otras tres personas que también están imputadas por trata de personas. Ellos tenían conocimiento de la actividad y solo cobraban el alquiler. No denunciaron y se los tomó como terceros involucrados por ese ejercicio ilegal ya que se llevaban el dinero sabiendo de donde provenía. Fue un desconocimiento y torpeza de mis cliente que terminó en esta condena", indicó.
Por otro lado, la abogada manifestó que fue un trabajo arduo por parte de la defensa y la fiscalía ya que se trató de resaltar las pruebas más importantes para llegar a este acuerdo. "La prisión domiciliaria y efectiva de los clientes fueron probadas por la enfermedad que detentan y porque en el penal no se los puede tratar. Uno de ellos tiene 60 y el otro 61 años, no llegan por la edad a la domiciliaria pero la justicia contempló este tema", concluyó.
