El trabajo documentó la existencia de redes de explotación de menores que operan globalmente a través de la aplicación, con foco en países de América Latina, Europa y el sudeste asiático. Según los datos del informe, se identificaron más de 7.000 perfiles activos en idioma español dedicados al intercambio y promoción de este material ilegal.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por los investigadores es la facilitación activa de los sistemas de la propia red social. «Son el buscador de TikTok y sus algoritmos de recomendación los que conducen a los usuarios hacia material explícito de abuso sexual infantil», advierte el informe, describiendo a la plataforma como una herramienta vulnerable y sin filtros efectivos frente a este tipo de delitos.
Asimismo, la investigación puso al descubierto transmisiones en vivo donde espectadores solicitaban acciones de índole sexual a menores a cambio de dinero o «regalos» virtuales dentro de la aplicación, así como comunidades organizadas para compartir contenido de infantes.
El estudio remarcó además la inacción en los procesos de moderación: tras las denuncias formales presentadas por la organización sobre decenas de contenidos ilegales, la plataforma solo procedió a retirar un porcentaje mínimo de los videos reportados, manteniendo activas a la gran mayoría de las cuentas involucradas.
Tras hacerse públicos los hallazgos, las reacciones del ámbito gubernamental y judicial no se hicieron esperar:
Denuncia ante la Fiscalía: Los datos recogidos por la investigación fueron elevados formalmente a la Fiscalía de Criminalidad Informática para el inicio de las acciones penales correspondientes.
Exigencias del Gobierno: El Ministerio de Juventud e Infancia de España citó a los representantes de TikTok a una reunión de urgencia con el fin de exigir explicaciones sobre las medidas de protección a menores y no descartó la paralización o suspensión de los servicios de la aplicación en el territorio si no se garantizan las condiciones mínimas de seguridad.
Respuesta de la empresa: Por su parte, TikTok solicitó el desglose detallado del informe para evaluar los casos y afirmó que colaborará con las autoridades judiciales para la baja de los perfiles señalados.
El caso reabre el debate global sobre la responsabilidad legal y ética de las grandes corporaciones tecnológicas en el control de sus algoritmos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.
