Dos ciudadanos bolivianos fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva tras ser encontrados culpables del intento de contrabando hacia Bolivia de más de 35 toneladas de acetato de etilo, un solvente químico clave en la elaboración de clorhidrato de cocaína.
La sentencia fue dictada por la jueza unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Salta, Marta Liliana Snopek, luego de que los imputados —identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García— reconocieran su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Sede Fiscal Descentralizada Orán.
El hecho se descubrió el pasado 16 de marzo en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la provincia de Salta. Gendarmería Nacional inspeccionó dos camiones de transporte internacional que intentaban egresar del país cargados con 191 tambores que sumaban un total de 35.144 kilogramos de acetato de etilo.
Según la documentación presentada por los choferes, la carga debía haber salido por el paso de Salvador Mazza con destino final en Cochabamba, Bolivia, bajo la fachada de una operación comercial internacional que involucraba a empresas de Uruguay, Panamá y Bolivia.
Sin embargo, los controles de Gendarmería y la posterior pericia de la Policía Federal confirmaron dos graves irregularidades:
Documentación adulterada: Los permisos internacionales habían sido fraguados utilizando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para incluir patentes de camiones no autorizadas.
Desvío de ruta: Los vehículos circularon por el norte y litoral argentino para intentar cruzar por un paso no habilitado para ese itinerario.
El test orientativo sobre la muestra arrojó como resultado que en los tambores contenía acetato de etilo. - Foto: Gendarmería Nacional
La sustancia secuestrada, fiscalizada por el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), fue tasada en 167.608.459 pesos.
El fallo judicial determinó para ambos condenados la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la aplicación de sanciones accesorias bajo el Código Aduanero y el decomiso de la sustancia y de los teléfonos celulares. Asimismo, en el caso de Puma García, se ordenó la confiscación del tractor y del semirremolque utilizados para el ilícito.
La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI). Esto permitió articular información con la justicia boliviana, que constató que el supuesto depósito de destino final en Cochabamba ni siquiera estaba autorizado para almacenar sustancias químicas, lo que evidenció el circuito destinado al narcotráfico.
Los camiones transportaban 35.144 kilos de acetato de etilo en 191 tambores. Foto: Gendarmería Nacional
