
Un adolescente de 15 años, el primer menor con prisión preventiva bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza
La Justicia de Mendoza dictó la primera medida de prisión preventiva contra un menor de edad desde la entrada en vigencia del nuevo
La resolución fue adoptada por la titular del Tercer Juzgado Penal Juvenil, Eleonora Roxana Monti, luego de que el joven —investigado por la fiscal Liliana Curri— incumpliera reiteradas citaciones judiciales y las reglas de conducta fijadas tras recuperar su libertad en una causa previa. Al no registrarse otros internos bajo esta misma figura procesal en el establecimiento, el adolescente permanece actualmente en un sector individual para pernoctar, aunque se integrará a los talleres y actividades cotidianas junto a los cerca de 40 jóvenes alojados en el predio.
Los fundamentos de la medida
De acuerdo con fuentes judiciales y reportes difundidos por
Riesgo procesal: El imputado está acusado de haber sustraído al menos un vehículo que luego abandonó en la vía pública. Si bien el hecho ocurrió antes de la implementación de la reforma, su incomparecencia ante el tribunal motivó una orden de captura, tras fracasar el compromiso asumido por su madre para garantizar el cumplimiento de las pautas judiciales.
Vulnerabilidad y consumo problemático: La magistrada consideró la ausencia de una red de contención efectiva. Los informes del expediente advierten sobre un contexto familiar complejo atravesado por el consumo de estupefacientes, con sospechas de que un allegado le facilitaba el acceso a cocaína.

El impacto del nuevo régimen en la provincia
Este caso marca un punto de inflexión en la aplicación local de la reforma que redujo la edad de imputabilidad. Según un relevamiento publicado por
Sin embargo, hasta la fecha, la totalidad de esos casos se había resuelto mediante medidas alternativas al encierro, tales como tareas comunitarias, reparación del daño y obligaciones educativas o sanitarias. La actual normativa provincial reserva la privación de la libertad como último recurso para supuestos excepcionales en los que se verifique peligro de fuga, reiteración de incumplimientos o falta de resguardo familiar.


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