La estrategia judicial y política de Cristina Kirchner sumó un capítulo de máxima tensión internacional tras la presentación de una nueva adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la cual sus letrados reclamaron la suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de plantear subsidiariamente la paralización de la condena a seis años de prisión.
El escrito no sólo recopila episodios recientes de supuesta intimidación —que van desde declaraciones de magistrados y embates públicos del presidente Javier Milei hasta medidas patrimoniales y avanzadas sobre el departamento de la calle San José 1111 donde cumple arresto domiciliario—, sino que introduce un elemento técnico explosivo: una pericia contable basada en documentación oficial sobre el fideicomiso vial SISVIAL aportada durante la causa Cuadernos.
Según la defensa, este nuevo peritaje desmantela los cimientos de la condena por la causa Vialidad al demostrar que el Grupo Austral apenas captó el 0,85% de los fondos desembolsados en las obras investigadas.
Con esta ofensiva en Ginebra, la expresidente busca despejar el camino normativo que le permita habilitar una eventual candidatura presidencial en 2027, una posibilidad ratificada por su entorno político mientras el Comité internacional define el futuro de una medida que mantiene en vilo el tablero electoral argentino.
