Un grave episodio de fraude y coerción institucional sacudió a la Policía de Salta tras la detención de una subalterna y un civil, señalados como los principales artífices de un circuito clandestino de venta de traslados internos. La maniobra salió a la luz a partir de la denuncia formal radicada por una uniformada, quien expuso haber sido embaucada bajo la promesa de obtener su reasignación a la división de Bicipolicías. La investigación penal preparatoria, encabezada por el fiscal Daniel Escalante en la jurisdicción de Rosario de Lerma, derivó en la imputación preliminar de ambos sospechosos por los delitos de estafa y extorsión, tras confirmarse un esquema sistemático de pagos forzosos.
La trama delictiva comenzó a gestarse cuando una colega de la víctima le facilitó el contacto de una supuesta intermediaria de Recursos Humanos identificada bajo el nombre ficticio de "Sonia". A través de sucesivas transacciones que totalizaron setecientos mil pesos hacia una cuenta bancaria a nombre del imputado civil, la damnificada abonó el costo de la supuesta gestión; sin embargo, al advertir la falta de cumplimiento y pretender cancelar la operación, la trama derivó en una abierta extorsión. Los perpetradores exigieron un desembolso adicional de doscientos cincuenta mil pesos para dar de baja el trámite y amenazaron a la víctima con incrementar la deuda de manera indefinida hasta embargarle de facto el treinta y cinco por ciento de sus haberes mensuales.
Las pericias telefónicas y financieras desplegadas por los investigadores permitieron reconstruir el itinerario del ilícito y desmontar el entramado digital de los estafadores. Las pesquisas establecieron que la línea asignada a la presunta gestora pertenecía a la propia agente arrestada, al tiempo que se acreditó que los fondos depositados originalmente por la víctima en la cuenta del civil eran transferidos de forma casi inmediata al patrimonio de la uniformada investigada. Con el secuestro de computadoras, dispositivos móviles y documentación clave tras una serie de allanamientos, la fiscalía mantiene abiertas las actuaciones para determinar si la estructura criminal involucra a otros miembros en funciones dentro de la jerarquía de la fuerza de seguridad.
