Tema de estos días es el endeudamiento de las familias frente al sistema financiero, situación que afecta a más de 20 millones de argentinos, de los cuales cerca de la mitad registra dificultades para cancelar sus obligaciones en el contexto económico actual, panorama que se agrava según registros del Banco Central de la República Argentina, que indican que los niveles de mora en préstamos personales alcanzaron un 16%, mientras que en tarjetas de crédito llegaron al 13%, problemática de la cual los hogares salteños no resultan ajenos.
Frente a este escenario de retraso en los pagos y costos financieros, la Defensoría del Pueblo formalizó un conjunto de acciones ante las autoridades bancarias nacionales para proteger a los consumidores locales, solicitando la fijación de topes en los recargos por refinanciación y pidió frenar la aplicación de débitos automáticos sobre cuentas de billeteras virtuales.
Al respecto el Defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, advirtió sobre la brecha existente entre la inflación y los márgenes aplicados por las entidades en la recomposición de los compromisos. "Lo que estamos viendo con este sobreendeudamiento es que, el problema más grave, lo tenemos con los bancos, pues están cobrando tasas de interés por refinanciación que superan el 70%", explicó.
A partir de este diagnóstico, comentó de una presentación girada al Banco Central que busca vincular el costo financiero total de los planes de pago con la evolución general de los precios al consumidor. "Lo que nosotros decimos es que esa segunda refinanciación no puede ser superior al índice de precios al consumidor interanual, porque si no sería una renta extraordinaria que no corresponde", fundamentó Núñez Burgos.
Por otra parte, dijo que la Defensoría requirió paralizar una medida dispuesta por la autoridad monetaria que habilita el cobro de obligaciones mediante fondos depositados en plataformas digitales. "Le estamos pidiendo al banco que suspenda la puesta en vigencia de esa resolución, por la cual desde las billeteras virtuales podrían descontarse los créditos de otra entidad, hasta que no sepamos cuáles son efectivamente las condiciones", señaló.
Finalmente, Núñez Burgos fundamentó la objeción en los riesgos que implican las cláusulas contractuales no aclaradas para los usuarios del sistema financiero digital. "Nos preocupan los contratos en línea a donde la mayoría no terminamos viendo los detalles y adherimos a cosas que no conocemos, por lo que entendemos que para cobrar de otras cuentas debe haber un contrato particular", concluyó.
