La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició actuaciones de oficio tras publicaciones periodísticas que alertaban sobre un posible brote de tuberculosis en establecimientos penitenciarios de Salta. Se solicitaron informes urgentes para determinar la situación sanitaria de las personas privadas de la libertad.
La investigación busca establecer si existen casos confirmados de tuberculosis, cuántas personas podrían estar afectadas y si se adoptaron las medidas de prevención necesarias dentro de las unidades carcelarias.
En ese marco, la fiscal requirió a la Alcaidía General, tanto en su sección masculina como femenina, y a las unidades carcelarias 1 y 4 que presenten, en un plazo de 24 horas, un informe sobre la situación sanitaria de los internos.
Los establecimientos deberán precisar si durante el semestre en curso se registraron diagnósticos confirmados de tuberculosis y si hay personas aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
Además, se dispuso tomar declaración testimonial al encargado del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico que trabaja en el ámbito penitenciario. Ambas citaciones fueron fijadas para este viernes 16 de octubre.
Como parte de las medidas, también interviene el Cuerpo Especial de Investigadores (CEI), que deberá recabar información sobre las personas privadas de la libertad que se encuentren hospitalizadas por tuberculosis, junto con sus historias clínicas y otra documentación relevante para la investigación.
La Fiscalía dispuso, asimismo, que durante las diligencias se adopten las medidas preventivas necesarias para proteger la salud del personal interviniente y evitar posibles contagios.
La causa se encuentra en una etapa inicial de recopilación y verificación de información. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la existencia ni la magnitud de un brote de tuberculosis en los establecimientos penitenciarios de Salta.
