En el marco de la histórica Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) dispuso un severo embargo preventivo sobre los bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. La medida cautelar, que había sido solicitada expresamente por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, recayó sobre un lote de propiedades emblemáticas, destacándose el departamento de la calle San José 1111, domicilio donde la exmandataria cumple actualmente su prisión domiciliaria, además de departamentos en Puerto Madero y establecimientos hoteleros en la Patagonia.
La extensa resolución judicial tiene como objetivo central garantizar el decomiso de bienes por un valor que supera los 685.000 millones de pesos, cifra calculada como el daño provocado al Estado por las probadas maniobras de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Los jueces determinaron que era imperioso "adoptar los resguardos necesarios" embargando cautelarmente 12 inmuebles vinculados a las sociedades familiares Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. El tribunal argumentó que, si bien los hijos de la exvicepresidenta no fueron condenados en este expediente, dichas firmas se beneficiaron económicamente de manera directa por el fraude orquestado junto al empresario patagónico.
El contundente fallo judicial no se limita únicamente a la familia Kirchner, sino que extiende su alcance sobre el patrimonio de otros condenados clave en la causa. En este sentido, el tribunal ordenó inmovilizar propiedades pertenecientes a las constructoras Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L, adquiridas en su momento por Lázaro Báez. Asimismo, la Justicia procedió a la renovación de los embargos sobre una flota de nueve vehículos (varios de alta gama y de colección) y bloqueó diversos activos del exsecretario de Obras Públicas, José López, incluyendo una embarcación y terrenos en la provincia de Tucumán.
