La disposición fija una clara segmentación por franjas etarias para definir los alcances de la persecución penal:
Menores de 14 años: Quedan completamente excluidos de la persecución penal.
Jóvenes de 14 a 15 años: Se aplicará un criterio restrictivo enfocado en mecanismos de desjudicialización, priorizando soluciones alternativas y acuerdos restaurativos en conflictos menores o de baja gravedad.
Adolescentes de 16 y 17 años: Comprende la aplicación plena del régimen procesal, aunque la edad por sí sola no permitirá equiparar automáticamente la culpabilidad del joven con la de un adulto ni determinar de manera directa la severidad de la sanción.
Uno de los ejes centrales planteados por la fiscalía radica en el combate contra las estructuras criminales que instrumentalizan a menores de edad. El protocolo instruye a los investigadores a profundizar la persecución penal sobre los adultos organizadores cuando existan indicios de captación o influencia sobre el adolescente, evitando circunscribir la causa únicamente al menor involucrado.
En paralelo, el organismo fijó posturas estrictas respecto a las medidas cautelares. La prisión preventiva para adolescentes mantendrá un carácter excepcionale y solo podrá requerirse cuando existan riesgos procesales debidamente acreditados, impidiendo que la sola gravedad abstracta del delito sea argumento suficiente para justificar la privación de la libertad.
