El exintendente de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, fue imputado provisionalmente en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente del municipio.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lo acusa como presunto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público, todos en concurso real.
Durante la audiencia, Vargas estuvo acompañado por un abogado particular y decidió no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
La causa reúne distintas denuncias presentadas entre 2023 y 2024 y analiza, entre otros puntos, la compra y posterior venta de terrenos para un loteo social, el destino de casi $9,5 millones enviados por Nación para un proyecto productivo y extracciones por más de $64 millones de una cuenta bancaria municipal.
Uno de los hechos investigados se remonta a julio de 2021, cuando Vargas habría adquirido a nombre de la Municipalidad un terreno de más de tres hectáreas por $15 millones, presuntamente sin contar con autorización del Concejo Deliberante.
Según el análisis del Gabinete de Delitos Económicos del CIF, posteriormente ingresaron $16.883.100 por la venta de lotes. De ese monto, $15 millones fueron utilizados para pagar el inmueble, pero los investigadores señalaron que no encontraron registros que permitan establecer qué ocurrió con los $1.883.100 restantes.
La Fiscalía también sostiene que la venta de los terrenos se habría realizado sin la autorización correspondiente del Concejo y que no se aportaron los legajos de los compradores ni documentación que estableciera los criterios utilizados para seleccionar y adjudicar los lotes.
Otro punto que llamó la atención de los investigadores fueron dos resoluciones municipales firmadas por Vargas. Allí se indicaba que el loteo contaba, entre otras condiciones, con matrículas individuales, planos, espacios verdes, aprobación ambiental y servicios o factibilidad para instalarlos.
Sin embargo, durante una inspección se encontró un terreno vacío, con lotes delimitados precariamente mediante palos y sin servicios de agua, electricidad ni cloacas. Además, las consultas realizadas a diferentes organismos no permitieron corroborar varias de las condiciones consignadas en esas resoluciones.
Otro tramo de la causa se relaciona con $9.482.369,75 que recibió la Municipalidad mediante aportes no reintegrables del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL).
El dinero debía ser utilizado para un proyecto productivo destinado a 20 familias de agricultores del paraje San Rafael.
De acuerdo con la investigación, no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes suficientes para reconstruir cómo fue utilizado el dinero. Además, el organismo nacional correspondiente informó que no tenía registros de una rendición de cuentas.
En marzo de 2024, la actual intendenta María del Carmen Vargas también presentó una denuncia y aseguró que, cuando asumió en diciembre de 2023, no encontró en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo.
La investigación también puso el foco sobre movimientos realizados desde una cuenta corriente de la Municipalidad de San Carlos.
Los peritos determinaron que, en 18 oportunidades, el entonces intendente habría emitido cheques de pago diferido y retirado dinero en diferentes sucursales del Banco Macro por un total de $64.449.000.
En los cheques figuraba como beneficiaria la propia Municipalidad. Sin embargo, según informó la comuna a los investigadores, no existe documentación respaldatoria que permita establecer cuál fue el destino de esos fondos.
Con estos elementos, la UDEC avanzó con la imputación provisional contra Vargas, mientras la investigación continúa para determinar el destino del dinero y establecer las responsabilidades en cada uno de los hechos denunciados.
