La madre de la víctima se enteró que su hija se contactaba vía WhatsApp con el implicado, quien trabajaba en el colegio al que la menor concurría.
En este sentido, la Justicia constató que el preceptor y la joven habrían mantenido encuentros en la vivienda del involucrado, donde le tomó imágenes y filmó videos de contenido sexual, a fin de vulnerar su integridad y contribuir a su corrupción.
A través de un juicio abreviado, el señalado reconoció su responsabilidad en los hechos y las partes acordaron la sentencia de diez años de cárcel, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de ese distrito.
La jueza del distrito Centro, Gabriela González, dictó veredicto condenatorio por considerarlo culpable del delito de corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación, producción de material de abuso y/o explotación infantil, tenencia de material de abuso sexual y/o explotación infantil y grooming agravado por la participación de menores de 13 años de edad, en concurso real.
El material de abuso sexual infantil (MASI) es un delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, con penas de entre tres y seis años de prisión; además, si la víctima es menor de 13 años, es un agravante.
La ley protege la integridad y el derecho de los niños y adolescentes por sobre cualquier otra consideración, y no hace distinción respecto de si los videos son reales o creados con inteligencia artificial (IA).
