El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta formalizó una denuncia penal ante la Procuración General contra el diputado provincial Daniel Segura, por presuntas irregularidades vinculadas a la administración pública, requiriendo investigar un supuesto esquema de contrataciones incompatibles y maniobras de intimidación pública, dirigidas a condicionar el desempeño del organismo de control.
Al respecto el presidente del Ente, Carlos Saravia, ratificó la denuncia ante las autoridades judiciales y expuso que el legislador desplegó acusaciones falsas para frenar el cumplimiento de las normativas vigentes, detallando además que los delitos denunciados abarcan la coacción agravada, negociaciones incompatibles con la función, tráfico de influencias y omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes.
Ante el móvil de Radio LUP Salta, Saravia fundamentó la acusación en la detección de un doble rol comercial y legislativo que vulneraría la Ley de Contrataciones y los regímenes de transparencia del Estado. "Hemos presentado 10 contrataciones donde él ha tenido unas licitaciones donde resultó ganador por $674 millones, mientras aprieta a los funcionarios, por otro lado, también goza de un de un doble rol", aseveró el titular del organismo.
El funcionario explicó que la incompatibilidad surge de las utilidades obtenidas por el diputado mediante firmas proveedoras de la provincia que no fueron informadas de manera oportuna a las autoridades. "No solo cobra una dieta por ser diputado, sino que por otro lado obtiene ganancias indirectas con los dividendos que le produce contratar con el Estado, esto está prohibido", especificó el denunciante.
Asimismo, vinculó las críticas del legislador con un intento de desprestigio personal, para frenar el control técnico de los expedientes. "La coacción es tratar de amedrentar al funcionario con el desprestigio, él no puede apretar funcionarios públicos", manifestó Saravia acerca de las declaraciones emitidas por el legislador.
Finalmente, descartó cualquier tipo de alteración en la agenda de fiscalización de los servicios públicos y ratificó la validez del material probatorio entregado al procurador general. "Segura obra con la intención de que nosotros nos intimidemos, bueno, eso no va a ocurrir", concluyó el funcionario en relación al posicionamiento institucional frente al conflicto.
