La causa avanza y apunta a un exfuncionario de la gestión de Bettina Romero. La Fiscalía presentó la acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, quien estuvo al frente de la Panadería Social Municipal, por presuntas maniobras fraudulentas, sobreprecios y manejo irregular de fondos públicos. El perjuicio económico actualizado superaría los 150 millones de pesos.
La Justicia salteña avanzó en una de las causas más sensibles vinculadas al manejo de fondos públicos durante la gestión anterior de la Municipalidad de Salta.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó la acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, expresidente de la Sociedad del Estado "Pan Solidario", más conocida como la Panadería Social Municipal.
La investigación busca determinar la existencia de presuntas maniobras fraudulentas que habrían provocado un perjuicio económico superior a los 150 millones de pesos, cifra actualizada según consta en la causa.
Fayón Medina estuvo al frente de la Panadería Social entre abril de 2021 y enero de 2024, durante la gestión de la exintendenta Bettina Romero.
La Fiscalía lo acusa como presunto autor del delito de fraude a la administración pública.
Junto a él también fueron acusadas su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, quienes figuran en la causa como partícipes necesarias.
Según la investigación, el exfuncionario habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio entorno familiar.
Para los investigadores, esta situación podría haber generado un conflicto de intereses incompatible con la función pública y derivado en operaciones irregulares que terminaron afectando recursos municipales.
Además, la causa analiza presuntos sobreprecios y movimientos de fondos que habrían perjudicado económicamente al Estado.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos comenzó tras una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta.
A partir de esa presentación se inició una investigación que derivó en la recolección de documentación, análisis contables y distintas medidas probatorias que hoy sostienen la acusación formal.
La causa vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos públicos durante la gestión de Bettina Romero.
Si bien la investigación se concentra en las responsabilidades de los acusados, el avance judicial reabre el debate sobre los mecanismos de control internos y el manejo de fondos en organismos municipales.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existió fraude contra la administración pública y cuál fue el alcance real del perjuicio económico denunciado.
