Luego de que Mariana Aranda caminara más de 300 kilómetros desde General Enrique Mosconi hasta Salta capital para pedir que investiguen las muertes de su hija, Valentina Cabana, y su nieta, Isabelle Evangeline Cabana, ante la falta de avances en la causa, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, dispuso la reasignación del caso.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 1739/26, García Castiella anunció que el expediente quedará en manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) Nº 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.
El cambio en la Fiscalía interviniente luego de que el viernes pasado la madre y abuela de las víctimas fuera recibida en la sede de la Procuración General. En esa oportunidad, Aranda estuvo acompañada por sus abogados, quienes expusieron las inquietudes sobre el avance de la investigación y solicitó medidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, antes de la audiencia con el procurador, Aranda había sido recibida el 16 de junio por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, tras llegar a la ciudad capital. En ambas instancias, se abordaron inquietudes respecto al proceso y las acciones ya adoptadas en la investigación.
El pedido de justicia por las muertes de Valentina y Evangeline Cabana lleva vigente ocho meses, cuando ambas murieron poco después de que les realizaran una cesárea en la clínica San Antonio de Tartagal. "El 26 de septiembre entró caminando y a los 9 días fue llevada a la muerte, y por infecciones de un quirófano insalubre y, a consecuencia de la infección de la madre, perdí a mi nieta“, denunció.
Tanto la salud de Valentina como la de la recién nacida eran buenas antes del procedimiento, por lo que Aranda descartó las versiones sobre enfermedades preexistentes. “No tenía ninguna enfermedad, todos los estudios daban un buen estado de salud; mi hija entró caminando y la saqué en un cajón", lamentó.
Según relató en un diálogo con Informate Salta, la mujer acusó que los fiscales se negaron a tomar la causa en Tartagal, pese a que la muerte ocurrió en esa jurisdicción. De la misma manera, cuestionó la derivación del caso a Embarcación por supuestos vínculos con uno de los profesionales implicados.
Respecto a la investigación, indicó que fue calificada como homicidio culposo agravado contra el médico S. O. Sin embargo, criticó la actuación fiscal que se encontraba a cargo de la causa, debido a que había solicitado la historia clínica que tenían en la Clínica Virgen de Urkupiña, pero no había solicitado la medida correspondiente y tuvieron que solicitarla los familiares.
“Las pruebas originales se tomaron en su momento; nos dijeron que no era un secuestro, pero no nos las han regresado”, señaló la mujer al contar que también decidieron revocarle el poder de la representación a su anterior abogado, debido a que no le brindaba respuestas.
Bajo su punto de vista, las muertes de su hija y nieta fueron producto de una “cadena de errores y de horror”, tras contar: “Pasé por el frente del consultorio, confié en él; el padre de este médico me trajo a mi hija al mundo y su hijo me la termina matando”.
“Una enfermera que no registró un cuadro febril, un médico que hizo caso omiso a las pérdidas de líquidos marrones y con olor”, enumeró, para luego cuestionar la decisión de haberle dado el alta médica. Y completó: “Me la volvieron a internar, la entraron al quirófano y la lavaron”.
