Tras más de un mes de extrema tensión y disturbios en Bolivia, las principales organizaciones obreras y campesinas dieron una primera señal de flexibilización. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, sectores clave detrás de los bloqueos de carreteras, abandonaron su exigencia innegociable de que el presidente Rodrigo Paz renuncie, para plantear la posibilidad de abrir una mesa de diálogo basada en una nueva agenda de trabajo.
El dirigente campesino David Mamani reconoció públicamente que las bases sienten el desgaste y el cansancio tras semanas de medidas de presión sostenidas. No obstante, aclaró que la propuesta de sentarse a negociar será sometida a asamblea para definir los próximos pasos y exigió una agenda que evite errores institucionales, jurídicos y políticos. En sintonía, el secretario de la COB, Claudio Choque, pidió un acercamiento sincero y sumó como condición que el Gobierno cese los procesos judiciales contra los manifestantes detenidos durante las protestas.
La crisis cumple 36 días ininterrumpidos de cortes de rutas que afectan a seis de los nueve departamentos del país. La Paz, sede del Gobierno, es la región que sufre el mayor impacto de los bloqueos, lo que ha desencadenado un grave deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La situación derivó en un fuerte desabastecimiento de alimentos de primera necesidad acompañado de una escalada en los precios, a lo que se suma una escasez crítica de combustible que dificulta enormemente el transporte de cargas y pasajeros.
Asimismo, el conflicto dejó un saldo preocupante en materia de seguridad debido a los reiterados enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, los cuales culminaron con personas heridas y severos daños a instituciones públicas. En el plano macroeconómico, el golpe es rotundo: diversas fuentes estiman que las pérdidas para el comercio, la industria y el transporte logístico oscilan entre los 1.600 y 2.000 millones de dólares.
Hasta el momento, la gestión de Rodrigo Paz no ha emitido una respuesta oficial sobre la conformación de esta mesa de negociación en particular. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la postura de dialogar únicamente sobre demandas que considera legítimas, rechazando cualquier intento de coacción ligado a la dimisión del jefe de Estado.
En paralelo a estas incipientes señales de paz, el Ejecutivo impulsó en los últimos días un proyecto de ley para regular los estados de excepción. Esta iniciativa busca dotar al Estado de las herramientas legales necesarias en caso de que se requiera una intervención militar para garantizar la libre circulación.
Mientras crecen las movilizaciones de ciudadanos independientes que exigen la liberación de las rutas, el gobernador de La Paz y aliado del Gobierno, Luis Revilla, pronosticó que la situación tenderá a normalizarse pronto. El funcionario aseguró que la propia necesidad de la población de retomar sus actividades laborales y comerciales terminará por imponer una salida, dejando a la expectativa si las próximas horas marcarán el inicio definitivo de la pacificación o si, por el contrario, persistirá la confrontación en las calles bolivianas.
