El Congreso boliviano autorizó este domingo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a utilizar al Ejército en el desbloqueo de rutas controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Después de una sesión ininterrumpida de 15 horas que terminó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones.
Hasta ahora, la participación de los militares fue muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos provocan una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
Las manifestaciones y boques de rutas se mantienen desde hace cinco semanas en Bolivia
El sábado, los policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos.
Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.
Ese tema fue uno de los más debatidos. “Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto.
Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles después de la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que causaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, llamó en forma reiterada al diálogo, sin que hasta ahora haya sido aceptado por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su renuncia.
En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de combustible
Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar nafta y diésel. Muchos duermen en sus autos.
El gobierno boliviano culpa de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019.
El líder indígena niega las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
