El sistema judicial chino ha reforzado su postura contra los abusos y crímenes sexuales que involucran a niños, determinando que, en casos considerados extremadamente graves, los responsables pueden enfrentar la pena de muerte sin indulgencia, una medida que refleja una política de “tolerancia cero” ante delitos contra menores.
Además, busca enviar un mensaje de disuasión absoluta en un país que ha intensificado sus leyes de protección a la infancia en los últimos años.
La Suprema Corte Popular de China ha señalado que las ofensas de naturaleza particularmente cruel o dañina para la integridad física y psicológica de los niños “violan gravemente la moral social”, por lo que los tribunales están autorizados a imponer el castigo capital en esas circunstancias especiales.
El endurecimiento responde a un contexto en el que las autoridades chinas han detectado un incremento de delitos sexuales.
La mayoría, cometidos a través de plataformas digitales y redes sociales, donde los agresores aprovechan para engañar a las víctimas.
Ejemplos de esta línea dura incluyen casos en los que personas condenadas por violencia sexual grave o trata de menores han recibido y, en algunos, ya se han ejecutado sentencias de muerte tras la revisión judicial y aprobación de los máximos tribunales.
