Una exhaustiva investigación interestatal culminó con el rescate de una adolescente salteña de 16 años que permanecía cautiva en territorio boliviano, tras haber sido reportada como desaparecida por sus familiares en la provincia. La denuncia inicial, asentada el martes pasado, activó de forma inmediata los protocolos de emergencia para la búsqueda de personas. Las averiguaciones preliminares quedaron en manos de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, cuyos efectivos coordinaron tareas de rastreo con la Dirección General de Ciberseguridad para reconstruir los últimos movimientos de la menor.
La recopilación de evidencia tecnológica e informes de geolocalización permitieron la intervención de la Fiscalía Federal a cargo de Ricardo Toranzos. A partir de ese momento, la Justicia argentina articuló canales de comunicación urgentes con los magistrados de Bolivia, logrando establecer el paradero exacto de la damnificada en la localidad fronteriza de Yacuiba. El éxito de la misión radicó en la celeridad del intercambio de datos aduaneros y policiales entre ambas naciones en un área crítica del mapa fronterizo.
El allanamiento definitivo en suelo boliviano se ejecutó en conjunto con miembros pertenecientes a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yacuiba. Al irrumpir en el inmueble vigilado, los agentes no solo pusieron a salvo a la adolescente salteña, sino que además lograron asistir de urgencia a otras dos mujeres que se encontraban en idéntica condición de vulnerabilidad. Asimismo, el despliegue policial finalizó con la captura de dos hombres mayores de edad, sospechados de coordinar las maniobras logísticas de explotación sexual y captación en el norte de nuestro país.
Una delegación de la provincia, presidida directamente por la jefa de la División Trata de Personas, Janet Ale, se trasladó hacia el país vecino para cumplimentar los exhortos legales pertinentes y garantizar el retorno seguro de la menor, quien ya fue restituida al seno de su familia. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la causa penal se mantiene abierta de forma rigurosa, orientando los próximos peritajes a identificar a otros eslabones de la organización criminal dedicados al traslado y acogimiento clandestino de víctimas en la región.
