La causa que investiga el explosivo crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete acaba de dar un giro dramático y la tensión llegó a un punto límite. La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito judicial exigiendo la inmediata detención de Manuel Adorni, acusándolo formalmente de intentar manipular a un testigo clave antes de su declaración. Según la denuncia de la legisladora, el funcionario apeló a presiones encubiertas a través de WhatsApp, ofreciendo "ayuda" a cambio de cambiar los testimonios que lo arrinconan en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En el documento entregado al Juzgado Federal, Pagano detalló que el intento de soborno habría ocurrido el mismo día en que debía declarar el contratista Matías Tabar. El escrito señala que Adorni contactó al hombre instantes antes de su testimonio bajo juramento, le ofreció el contacto de su "equipo" y además intentó borrar los mensajes intercambiados con el trabajador. Para la denunciante, esta maniobra constituye un riesgo procesal grave, inminente y completamente comprobable, encuadrado como un claro entorpecimiento de la investigación en curso.
Para fundamentar su sorpresiva embestida, la diputada pidió aplicar la famosa "doctrina Irurzun", un antecedente jurídico muy utilizado entre 2017 y 2018 para mantener presos a exfuncionarios del kirchnerismo. Esta figura sostiene que las personas que aún conservan amplias cuotas de poder (como es el caso de un jefe de Gabinete en ejercicio) “tienen la capacidad estructural y residual de obstaculizar el trabajo de la Justicia”, lo que justifica dictar una prisión preventiva como medida cautelar.
La exigencia de arresto cayó como una bomba pocos minutos después de que Matías Tabar se sentara frente al fiscal federal Gerardo Pollicita. Durante las tres horas que duró su declaración testimonial, el contratista prendió fuego los números oficiales del funcionario libertario: confesó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por las gigantescas reformas realizadas en la propiedad que Adorni posee en el exclusivo country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Según la información que trascendió desde los pasillos de Comodoro Py, Tabar no se guardó ningún detalle. Explicó que los trabajos sobre los 400 metros cuadrados de la vivienda incluyeron pisos nuevos, paredes, muebles de cocina, artefactos de baño, una pileta y hasta una cascada en el jardín. Pero el dato que más complicó al ministro coordinador fue la modalidad de pago: el testigo aseguró que recibió todos los fajos de dólares directamente de las manos del propio Adorni y que no se emitió ninguna factura por semejante desembolso.
Desde el entorno más íntimo de Adorni salieron rápidamente a intentar apagar el incendio y desmintieron de forma categórica los números aportados por el contratista. Los allegados al funcionario aseguraron que el monto de 245.000 dólares es falso y adelantaron que exigirán la realización de una pericia técnica sobre la propiedad. "Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero", se defendieron las fuentes cercanas al ministro, quien originalmente había reportado la compra del inmueble por 120.000 dólares tras “olvidarse” de incluirla en su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Más allá del cruce de cifras y de la falta de facturación, la intervención de Marcela Pagano abrió una nueva grieta dentro de las propias filas del oficialismo. La legisladora, que llegó al Congreso bajo el sello de La Libertad Avanza, mantiene desde hace varios meses un vínculo frío y distante con el círculo más cerrado del presidente Javier Milei, y este pedido de detención confirma la ruptura definitiva con los funcionarios de la Casa Rosada.
Ahora, la pelota quedó en la cancha del fiscal Gerardo Pollicita y del juez a cargo del expediente. Los magistrados deberán cruzar los explosivos dichos del contratista Tabar con los registros de la propiedad, mientras deciden qué destino darle a la denuncia de Pagano por el supuesto apriete virtual.
