El estruendo de las sirenas a las 6 de la mañana no fue una falsa alarma: fue el inicio de una "cacería" judicial largamente esperada. En una respuesta contundente del Estado ante la violencia civil, más de 100 efectivos policiales cercaron cuatro barrios de la ciudad en un despliegue sin precedentes para capturar a los responsables del ataque a la División Motoristas.
La investigación, que culminó este martes, se remonta al 17 de abril en el barrio Olivos. Aquel día, lo que debía ser un procedimiento de rutina —el secuestro de una motocicleta con motor adulterado— se convirtió en una trampa de violencia extrema. Los uniformados fueron rodeados, agredidos y heridos por un grupo que intentó imponer su propia ley sobre la autoridad.
Bajo las órdenes de la Fiscalía Penal local y el Juzgado de Garantías 5, la División de Investigaciones 7 ejecutó un plan de "filtración cero". En un movimiento coordinado, la fuerza pública irrumpió en viviendas de los barrios Olivos, El Cruce, Santa Teresita y SOEM.
El balance del operativo es demoledor para la delincuencia local:
7 adultos detenidos: Ya se encuentran en los calabozos a disposición de la Fiscalía.
2 menores demorados: Su situación legal quedó en manos del Juzgado de Menores.
Secuestro clave: Se incautaron dos motocicletas y elementos de prueba que vinculan directamente a los sospechosos con la escena del crimen.
La cúpula policial, que supervisó personalmente los operativos, confirmó que los cargos contra los detenidos son de extrema gravedad. Se les imputa una combinación de daños a móviles policiales, lesiones calificadas y atentado contra la autoridad.
Un agravante que complica el futuro de los acusados es la utilización de menores de edad en el ataque, una estrategia para intentar diluir responsabilidades que la Justicia ha decidido perseguir con firmeza.
Aunque la calma parece haber regresado a Güemes, la investigación está lejos de cerrarse. Fuentes policiales dejaron trascender que el análisis de los objetos secuestrados hoy podría disparar nuevas órdenes de captura.
“No vamos a permitir que se normalice la violencia contra quienes nos cuidan”, se escuchó decir en los pasillos de la jefatura. Por ahora, siete responsables ya duermen tras las rejas, mientras la ciudad recupera el aliento tras una mañana de furia y justicia.
