La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las instalaciones de la TV Pública en busca de pruebas por el escándalo de los viajes a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al conductor de televisión Marcelo Grandio.
El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente a Grandio, amigo de Adorni.
La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandio en febrero pasado.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.
Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.
Mientras la PSA revisaba las oficinas del canal, en los tribunales de Retiro se producía otra declaración explosiva. Agustín Issin, el piloto que comandó el vuelo privado desde Uruguay, declaró durante casi cuatro horas ante el juez Ariel Lijo.
Según trascendió de fuentes judiciales, el piloto fue contundente: confirmó que la factura del vuelo fue pagada íntegramente por Marcelo Grandio. Issin, un aviador con vasta experiencia, aportó los detalles técnicos y financieros del traslado que Adorni realizó junto a su familia, lo que terminó de cerrar el círculo sobre el vínculo comercial y personal entre el funcionario y el periodista.
La irrupción de la PSA en la TV Pública no fue la primera opción del fiscal. Pollicita ya había solicitado formalmente esta documentación a la Casa Rosada, pero ante la falta de respuestas y el silencio administrativo, se procedió al allanamiento para evitar cualquier tipo de ocultamiento de pruebas.
Ahora, la Justicia deberá cruzar los datos de los contratos de Grandio con las fechas del polémico viaje. El foco está puesto en determinar si existe una triangulación de fondos públicos: es decir, si el sueldo que el Estado le paga al periodista terminó siendo el método indirecto para costear los lujos del Jefe de Gabinete fuera del país.
